Una investigación que sacude el sector de la discapacidad 🕵️♂️
En un hecho que tiene en vilo a toda la comunidad, Daniel Garbellini, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue citado a declarar en la Justicia federal. La causa apunta a un entramado de corrupción en el organismo, donde se habrían direccionado contratos, manipulado compras y cobrado sobornos, todo en perjuicio de la administración pública y de las personas que más necesitan apoyo.
¿Qué pasó exactamente? 🔍
Garbellini, quien fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS desde mediados de 2024 hasta agosto de 2025, se presentó este jueves en Comodoro Py. La justicia lo acusa de tener un rol clave en una estructura que funcionaba como un sistema de corrupción coordinado, donde varias personas y empresas estarían beneficiándose de manera indebida. El fiscal Franco Picardi explicó que durante ese período, la organización operó de manera «coordinada y de común acuerdo», logrando obtener ganancias ilegales a costa del sector más vulnerable de la sociedad.
El fiscal detalló que la finalidad de estos actos ilícitos era cometer delitos contra la administración pública, con un claro objetivo de obtener beneficios económicos a través de maniobras fraudulentas, promesas y entrega de dádivas a funcionarios públicos. Garbellini, en ese esquema, habría tenido un papel preponderante, ejecutando órdenes relacionadas con la manipulación de precios, sobreprecios y beneficiándose económicamente a cambio de facilitar decisiones que favorecían a ciertos empresarios.
¿Qué acusaciones recibe Garbellini? 💰
La fiscalía sostiene que, en su cargo, Garbellini permitió que personas sin cargos oficiales en la ANDIS tomaran decisiones clave en la gestión de recursos públicos, incluyendo el acceso a información privilegiada y la operación de compras desde el exterior. Además, se le atribuye haber facilitado el acceso a claves del sistema de compulsas de precios, un mecanismo que se usaba para ajustar y direccionar compras de medicamentos, insumos y tecnologías médicas.
Entre los vinculados a Garbellini, aparece el empresario Miguel Ángel Calvete, además de Pablo Atchabahian, quien fue director en la gestión anterior. La acusación señala que estas conexiones personales favorecieron a algunas droguerías y empresas del sector salud, que participaron en compulsas de precios «reducidas» o “especiales”, en las que solo algunas firmas tenían acceso y que terminaban beneficiando a un grupo reducido de beneficiarios, en desmedro de la competencia y del interés público.
Las cifras del fraude 💸
El impacto de estas maniobras se refleja en cifras millonarias: en un período que abarca desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, las compras direccionadas alcanzaron los 28 mil millones de pesos en medicamentos y otros insumos, y más de 9 mil millones en materiales auditivos como implantes cocleares y audífonos. Todo esto, con sobreprecios del 10 al 20%, según informó la fiscalía.
Los contratos favorecían a empresas como Profarma S.A. y Génesis S.A., que lograron adjudicarse casi todas las compulsas de medicamentos, y a Floresta S.A. y New Farma S.A. en el caso de los insumos auditivos. La justicia sostiene que este sistema fraudulento buscaba reducir la competencia, elevar los costos y obtener ganancias ilícitas en perjuicio de la población con discapacidad.
¿Y qué hizo Garbellini para entorpecer la causa? 🚔
Otro de los puntos que agravan su situación es que, durante el allanamiento en su casa, Garbellini demoró en llegar y, además, borró conversaciones clave en su teléfono para dificultar la investigación. La fiscalía indica que no eliminó cualquier chat, sino específicamente aquellos que mantenía con Miguel Ángel Calvete, lo que se interpreta como una actitud desafiante y una intención de obstruir la justicia.
¿Qué sigue en el proceso? ⚖️
Por ahora, Garbellini decidió no declarar ante el juez y el fiscal, limitándose a escuchar la acusación en su contra. La causa continúa abierta y la justicia busca determinar el alcance completo de la red de corrupción en la que, según las investigaciones, estarían involucradas varias personas y empresas del sector salud.
Lo que está en juego es la transparencia en la gestión pública, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la lucha contra la corrupción en los organismos estatales. La historia aún no termina, y la comunidad espera que este caso sirva para fortalecer los controles y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
