¿Por qué la Suprema Corte está en el centro de la escena? ⚖️
Hace más de seis años que la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, está incompleta. Solo tres de los siete lugares están ocupados, y esto genera un impacto directo en la justicia y en la vida cotidiana de todos los que dependen del sistema legal. La situación alcanzó un punto crítico este martes, cuando los propios jueces salieron a hablar fuerte y claro en un acto público.
Un reclamo que no puede esperar ⏳
Los jueces Sergio Gabriel Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, junto con el Procurador General Julio Conte-Grand, presentaron un proyecto para fortalecer el Poder Judicial. Pero más allá de eso, aprovecharon para denunciar que la falta de acuerdo político y la demora en nombrar a los nuevos integrantes del tribunal están poniendo en jaque la justicia provincial.
Según explicaron, la vacancia en el tribunal lleva más de 2.292 días, es decir, más de seis años. La última renuncia que dejó un puesto vacante fue la del juez Luis Genoud, hace casi 800 días. Y esa situación, además de ser una irregularidad, afecta directamente la operación del sistema judicial. Solo hay tres jueces en funciones cuando deberían ser siete, lo que aumenta la carga de trabajo y genera dependencia de los tribunales inferiores.
Para entender la gravedad, basta con recordar que la Constitución provincial establece un plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo envíe los pliegos de candidatos al Senado, y este proceso debería completarse rápidamente. Pero en la práctica, estos plazos no se cumplen, acumulando más de 150 incumplimientos desde que la vacancia ocurrió.
¿Qué pasa cuando la Justicia está incompleta? 🚧
Los jueces advirtieron que esta situación no solo genera un atraso en los procesos judiciales, sino que también afecta la legitimidad del sistema. La Corte, que debería estar integrada por siete miembros, trabaja con solo tres. Esto implica que la carga laboral aumenta y que la dependencia de jueces subrogantes crece, lo que puede afectar la independencia y la calidad de las decisiones.
Por eso, Torres remarcó que la cobertura de esas vacantes no es un tema menor. Es una condición indispensable para que la justicia funcione bien y para que las decisiones que toma el tribunal tengan legitimidad. Además, resaltó que retrasar o negarse a nombrar nuevos jueces solo debilita la institucionalidad y el Estado de Derecho.
El mensaje fue claro: los poderes del Estado, en especial el Ejecutivo y el Legislativo, deben dejar de lado las disputas políticas y avanzar en la designación de los jueces que faltan. La justicia necesita completar su equipo para poder cumplir con su tarea y garantizar la protección de los derechos de todos los habitantes de la provincia.
Un proyecto para fortalecer la independencia judicial 💪
Además de denunciar la situación, los jueces presentaron un proyecto de «Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica» para el Poder Judicial. La idea es que la justicia tenga control sobre sus recursos y no dependa de decisiones políticas para gestionar su presupuesto. Esto, explicaron, no es un privilegio, sino un derecho constitucional que busca fortalecer la división de poderes y garantizar una justicia más independiente y efectiva.
Este proyecto cuenta con un amplio apoyo de diferentes actores del sistema judicial y de instituciones académicas. Participaron representantes de colegios de abogados, magistrados, universidades y otras entidades del sector, además de contar con la adhesión de varios poderes judiciales del país.
En definitiva, los jueces dejaron en claro que la autonomía y la independencia del Poder Judicial son fundamentales para que la justicia funcione con transparencia y eficiencia. La idea es que el sistema judicial tenga los recursos necesarios para cumplir con su rol sin depender de decisiones políticas que puedan poner en riesgo su independencia.
¿Qué sigue? 🔜
El reclamo de los jueces llegó en un momento en el que la política sigue sin ponerse de acuerdo para completar la Corte. La pelota ahora está en el campo del gobernador Axel Kicillof y del Senado provincial, que tienen la responsabilidad de acelerar los nombramientos y dar una respuesta concreta a este problema que afecta a toda la provincia.
Por lo pronto, la justicia bonaerense sigue luchando por su autonomía y por mantener en marcha un sistema que, en su estado actual, limita su capacidad de decisión y pone en riesgo la calidad de la justicia que todos merecemos.
