El fallo que pone en jaque al Gobierno y a las universidades

En un movimiento que sacudió el mundo universitario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó en claro que el Estado tiene que cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno, ahora más que nunca, debe hacer los desembolsos y cumplir con los artículos 4 y 5 de esa ley, que son clave para que las universidades puedan recibir fondos destinados a salarios, becas y otros gastos.

Todo empezó cuando las universidades reclamaron que el Gobierno no estaba cumpliendo con los fondos prometidos en la ley. La Corte, tras revisar el caso, decidió que esas partes de la ley deben ser respetadas y aplicadas. La resolución fue vista como una victoria para las instituciones educativas, que llevan tiempo peleando por más recursos y mejores condiciones laborales para docentes y no docentes.

¿Qué pasa con los fondos y el presupuesto?

El Gobierno intentó mandar un mensaje más tranquilo y aseguró que con los acuerdos paritarios firmados en junio con los rectores, ya se habría cubierto más de la mitad del presupuesto destinado a estos temas. En concreto, dijeron que unos 830 mil millones de pesos de los 1,3 billones previstos en el presupuesto ya estarían cubiertos gracias a esas negociaciones.

Pero las universidades y algunos expertos no están del todo convencidos. Desde esas instituciones aclararon que la ley, que fue sancionada en 2025, aún está vigente y que el Ejecutivo no puede simplemente dejarla de lado. La ley, además, fue vetada por el expresidente Javier Milei, pero la Corte reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplirla igual.

¿Qué sigue en el camino legal?

Por ahora, la Corte dejó firme una cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos de la ley, pero todavía falta que un juez de primera instancia, Martín Cormick, revise y valide un acuerdo que las universidades firmaron con el Gobierno en junio. Ese acuerdo contempla una recomposición salarial para docentes y personal no docente, con fondos que el Estado se comprometió a transferir para mejorar las condiciones laborales.

El acuerdo establece que el Gobierno transferirá fondos a las universidades para aumentar los salarios en un 24,33%. En concreto, ese aumento se dará en dos partes: un 21,33% en junio y un 3% en octubre, ambos sobre los sueldos básicos vigentes hasta mayo de 2026. La idea es que ese dinero ayude a compensar el atraso salarial que llevan enfrentando los empleados del sector desde hace tiempo.

¿Qué opinan las universidades y el Gobierno?

Los rectores y las autoridades académicas celebraron la decisión de la Corte, ya que consideran que es un respaldo a la lucha por una universidad pública fuerte y con recursos. Sin embargo, en el Gobierno prefieren ser cautelosos y dicen que todavía no hay una resolución definitiva sobre toda la normativa. Desde la Casa Rosada aseguran que aún no se hizo una resolución sobre el fondo de la ley y que, por ahora, solo tienen que cumplir con lo que la Justicia ordenó en esta cautelar.

Por su parte, las universidades esperan que se haga efectiva la decisión y que el Estado cumpla con los fondos y las mejoras salariales prometidas. La tensión entre los reclamos y las decisiones judiciales sigue vigente, pero la Corte dejó claro que la ley debe cumplirse.

¿Qué puede pasar ahora?

El próximo paso será que el juez Cormick revise el acuerdo salarial y decida si es válido o no. Mientras tanto, las instituciones seguirán reclamando que el Gobierno respete la ley en su totalidad. La esperanza de los docentes y estudiantes es que, finalmente, se garantice el financiamiento necesario para sostener y mejorar la calidad educativa en el país.

Este fallo marca un precedente importante en la lucha por una educación pública con recursos suficientes. La pelea continúa, pero ahora con una sentencia clara de la Justicia que obliga al Estado a cumplir con sus obligaciones y derechos.