Un viaje en avión que ahora está en el centro de la escena ✈️
Todo empezó con un vuelo privado a Punta del Este que hizo Manuel Adorni, jefe de Gabinete, junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. Lo que en un principio parecía un simple viaje familiar ahora se convirtió en un expediente judicial. La causa investiga si hubo algún beneficio personal para el funcionario, vinculado a contratos con el Estado y posibles retornos económicos.
¿Qué hay detrás de ese vuelo? 🚁🔍
El viaje costó aproximadamente 4.830 dólares en el tramo de ida, dinero que Adorni aseguró haber pagado. Sin embargo, los registros muestran que la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A. emitió facturas por ese mismo monto, pero a nombre de Imhouse S.A., la productora del periodista Marcelo Grandio. Es decir, la documentación revela que la empresa de Grandio pagó por ese vuelo, lo que genera sospechas sobre quién realmente financió ese viaje.
Relaciones en la mira: contratos y transferencias 💼💰
Antes de que Adorni entrara en funciones públicas, la productora Imhouse ya mantenía una relación con la Radio y Televisión Argentina (RTA). Se detectaron seis contratos firmados entre la productora y la estatal, además de diez transferencias bancarias por un total de más de 1,6 millones de pesos recibidos por Adorni en ese período. La Justicia busca entender si estos pagos estaban relacionados con su vínculo con la productora y si hubo algún circuito de beneficios o retornos.
¿Cómo funciona el esquema? 🤝📺
El Estado, a través de la TV Pública, contrataba a Imhouse para producir programas, pero en realidad, la productora gestionaba la publicidad y cobraba los ingresos. La estructura era de coproducción: el Estado proporcionaba estudios, personal y equipamiento, mientras que Imhouse se encargaba de la organización y la gestión publicitaria. De esta forma, Grandio, amigo cercano del funcionario, cobraba por los contenidos sin figurar en la nómina estatal, sino a través de su productora.
Montos en aumento y contratos a la vista 💸📈
Los contratos muestran un aumento progresivo en los gastos y en la cantidad de capítulos producidos. En agosto de 2024, se firmó un contrato por 10 capítulos que costó casi 6 millones de pesos. Para septiembre de 2025, se habían firmado otros contratos similares, pero con valores unitarios que llegaron casi a 1,1 millones por capítulo. Además, en 2025 se sumaron producciones para plataformas digitales como YouTube, Facebook, Twitch e Instagram, todas gestionadas por Imhouse.
¿Qué hay detrás de estos números? 💡
Una de las dudas principales es si estos contratos y montos estaban en línea con las políticas de ajuste financiero en los medios públicos. La justicia también quiere saber si hubo algún trato preferencial para Grandio, dado que la relación de amistad con Adorni podría haber facilitado condiciones ventajosas para la productora y el periodista.
¿Qué sigue en la causa? ⚖️
El juez Ariel Lijo ordenó más documentación para esclarecer el monto final que recibió Grandio y si los contratos respondían a un esquema de gestión que beneficiaba a la productora y a su conductor, en un contexto donde muchas programaciones fueron recortadas. La investigación apunta a verificar si hubo una negociación incompatible con la función pública, un circuito de dádivas o incluso abuso de poder.
El debate en la justicia y la política 🔍🗣️
Por ahora, no hay ninguna imputación formal, pero la causa está en marcha. La justicia analiza si los programas de Grandio en la TV Pública fueron los únicos que sobrevivieron a los recortes o si, por el contrario, existió un privilegio vinculado a la amistad con Adorni. La investigación también indaga si el viaje a Punta del Este fue un trato especial, financiado quizás por la misma productora.
¿Qué significa esto para la política y los medios? 🤔
Este caso pone en evidencia cómo las relaciones personales pueden influir en el manejo de recursos públicos y en la contratación de contenidos en los medios públicos. La causa sigue abierta y busca esclarecer si hubo alguna irregularidad en los mecanismos de financiamiento y en las decisiones que beneficiaron a ciertas personas por encima del interés público.




