¿Qué pasó exactamente? 🔍

En la provincia de San Luis, todo se volvió noticia por una pelea entre el Poder Judicial y el Gobierno. La polémica empezó cuando una jueza, Cynthia Liliana Fernández Paz, ordenó una regulación de honorarios muy grande en una causa relacionada con daños ambientales. Pero lo que llamó la atención fue el monto: ¡más de mil millones de pesos! Este número surgió en un proceso judicial donde se discutía un proyecto que nunca se terminó de hacer.

El proyecto que nunca llegó a nada 🏗️

En 2023, en Juana Koslay, una localidad de San Luis, se había anunciado la construcción de un parque público llamado Parque Acueducto Vulpiani. El gobierno local, dirigido por el peronista Alberto Rodríguez Saá, había adjudicado la obra a una empresa para levantar edificios, un anfiteatro, senderos, miradores y plazas en un predio de 12 hectáreas, con una inversión de unos 1.800 millones de pesos.

Pero, a pesar del anuncio, la obra nunca se llevó a cabo. El proyecto quedó en la nada, y el juicio en cuestión se inició para reclamar daños ambientales por esa supuesta obra que, al final, no existió.

La polémica por los honorarios 💰

Lo que realmente generó revuelo fue la decisión de la jueza Fernández Paz de regular honorarios para los abogados que llevaban esa causa. La suma que dictó fue descomunal: unos 93.000 JUS, equivalente a más de 3.900 millones de pesos. De ese total, se estimaba que los honorarios para los abogados serían cerca de 1.200 millones de pesos, una cifra que sorprendió a todos.

Lo más llamativo es que estos honorarios se asignaron en un proceso donde la obra nunca se hizo y, por lo tanto, no causó daño ambiental real. Además, los abogados que defendieron esa causa solo cobraron por la primera parte del proceso y luego renunciaron, pero los montos ya estaban definidos y en algunos casos, en porcentajes importantes, fueron adjudicados a ellos.

El gobierno pide la salida de la jueza 🚪⚖️

El gobernador Claudio Poggi no se quedó callado y calificó la decisión de la jueza como «una regulación desmedida y grotesca». En su opinión, la jueza Fernández Paz ordenó pagar una suma exagerada por un daño ambiental que ni siquiera existió, ya que la obra nunca se realizó.

Por eso, el gobierno decidió actuar. La Fiscalía de Estado, a cargo de la fiscal María Fabiana Zárate, presentó un pedido formal ante el Jurado de Enjuiciamiento para que remuevan a la jueza de su cargo. En su denuncia, argumentan que Fernández Paz incurrió en un «grave desconocimiento del derecho» y en «irregularidades» en su procedimiento, lo que afectó la imagen del Poder Judicial y pone en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes.

¿Qué pide exactamente la Fiscalía? 🤔

La fiscal Zárate solicitó que la jueza sea suspendida preventivamente y que se le pague solo la mitad de su sueldo hasta que se resuelva su situación. Además, apuntó que los honorarios desmesurados generan un daño a la confianza en la justicia y que la decisión de la jueza tuvo un impacto social negativo, comparándola con otros casos en los que se otorgaron honorarios mucho menores en situaciones similares.

Por ejemplo, en un caso, la misma jueza le dio honorarios de unos 200 mil pesos a abogados que defendieron a una persona con tratamiento oncológico, en una causa relacionada con una obra social. La diferencia con el caso del parque no solo es significativa, sino que también genera sospechas sobre un posible trato desigual y arbitrario.

¿Qué sigue ahora? 🔜

El pedido de la Fiscalía busca que la jueza Fernández Paz sea removida por sus irregularidades y por afectar la imagen de la justicia en San Luis. La decisión final la tendrá el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá analizar todos los argumentos y decidir si la remueve o no de su cargo.

Este caso pone en evidencia cómo decisiones judiciales pueden generar gran controversia, especialmente cuando involucran cifras millonarias y proyectos que, en realidad, no llegaron a concretarse. La transparencia y la legalidad en estos procesos son más importantes que nunca para mantener la confianza en la justicia y en las instituciones públicas.