Un reclamo que no se detiene

Este miércoles, los rectores de las universidades nacionales darán un paso importante en su lucha por la educación pública y financiada. A las 14:30, se reunirán en la Plaza de Mayo con una decisión que rompe con los protocolos habituales: en lugar de hacerlo en una sala o en la sede del Consejo de Rectores, optaron por hacerlo frente a la Casa de Gobierno. La razón es clara: quieren que su voz se escuche fuerte y clara, y que se respete la ley de Financiamiento Universitario.

Este reclamo no surgió de la nada. Tiene que ver con un fallo judicial que ordenó al Gobierno cumplir con la ley, que fue aprobada por el Congreso y que establece fondos específicos para las universidades. Sin embargo, el Gobierno no está desembolsando esos fondos y, además, no está cumpliendo con la actualización de salarios ni con las becas estudiantiles, según lo establecido en la ley.

¿Por qué la ley es importante? 🏛️

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2025 y, tras un primer veto del presidente Javier Milei, fue insistida por dos tercios en ambas cámaras del Congreso. La ley busca garantizar recursos para las universidades y asegurar mejores condiciones para docentes, estudiantes y no docentes. Pero, en la práctica, muchos de esos fondos todavía no llegaron, y la situación se vuelve cada vez más compleja.

El juez federal Martín Cormick dictó en diciembre pasado una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley en aspectos clave: actualizar salarios y becas. Sin embargo, esa orden lleva meses sin cumplirse, a pesar de que la Corte Suprema rechazó en junio un último intento del Gobierno para evitarlo.

La cuerda se acorta ⏳

El plazo para que el Gobierno acate la cautelar vencía este jueves. La sentencia, que ya lleva más de tres meses sin ser aplicada, es una de las más largas en la historia judicial en estos casos. La multa diaria por no cumplirla, conocida como multa o astreinte, sigue acumulándose, y los rectores quieren que se respete esa decisión.

El juez Cormick fue claro: si el Estado no cumple, aplicará sanciones más duras. La situación de las universidades es complicada. Los docentes y no docentes reclaman un aumento salarial que ya supera el 33%, y la inflación, que en la era Milei alcanzó un 312,19% hasta agosto, hace que ese dinero valga cada vez menos.

¿Qué sigue? 💥

La comunidad universitaria está en alerta. Además de la movilización en Plaza de Mayo, el Gobierno tiene en sus manos la decisión de acatar la orden judicial o seguir apelando. La expectativa está puesta en cómo se resolverá esta semana, que será clave para definir si las universidades podrán comenzar a ver los fondos y mejoras prometidas.

Mientras tanto, los rectores y las instituciones educativas hacen un llamado a que se cumpla la ley, que fue aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia. La educación pública y gratuita, que tantos batallas ha dado a lo largo de los años, parece estar en una encrucijada donde la voluntad política será decisiva.

¿Por qué importa esto? 🤔

Más allá de los números y las leyes, lo que está en juego es el acceso a una educación de calidad, los salarios de quienes enseñan y trabajan en las universidades, y el futuro de miles de estudiantes que sueñan con un lugar en la educación superior. La lucha no solo es por dinero, sino por garantizar derechos y condiciones dignas para todos.