El Gobierno impulsa cambios en el sistema tributario para facilitar el blanqueo y reducir la persecución penal

En Argentina, se acaba de dar un paso importante en materia de impuestos y control fiscal. La Cámara de Diputados aprobó en una sesión extraordinaria un proyecto de ley conocido como la «ley de Inocencia Fiscal». ¿De qué se trata? Básicamente, busca simplificar los controles tributarios y limitar la persecución penal para quienes evaden impuestos, siempre y cuando no exista evidencia clara de conductas dolosas o incumplimientos graves.

¿Por qué ahora? La idea detrás del proyecto

El Gobierno apunta a una problemática que preocupa mucho: se estima que unos u$s243.000 millones de argentinos están fuera del circuito legal, sin declarar ni pagar impuestos. Esta cifra enorme refleja la cantidad de dinero que, por diferentes motivos, no ingresa a las arcas del Estado. La ley busca facilitar que algunas de esas sumas puedan blanquearse, es decir, regularizarse, sin necesidad de explicar en detalle su origen, siempre que se cumpla con ciertas condiciones.

¿En qué consiste la «ley de Inocencia Fiscal»?

Este cambio importante en la forma en que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Justicia controlan a los contribuyentes, propone que no se presuma automáticamente que todos intentan evadir impuestos. La idea es poner un límite a los controles y las persecuciones, que hasta ahora eran más extensivos y podían llegar incluso a acciones penales sin pruebas contundentes.

Uno de los principales cambios es en el Régimen Penal Tributario. Se actualizan los montos mínimos para que una infracción pase de ser solo administrativa a tener consecuencias penales. Antes, el límite era de $1,5 millones, y ahora se ajusta a $100 millones, en línea con la inflación acumulada desde 2017. Además, si un contribuyente cancela toda su deuda, incluyendo intereses, antes de que la AFIP presente una denuncia, no se inicia una causa penal contra él.

¿Qué penas se prevén?

Para quienes cometan fraudes graves, como usar facturas falsas o engañar con declaraciones juradas, las penas de cárcel pueden ir de 2 a 6 años. También habrá multas más estrictas, pero con una novedad: las multas administrativas podrán reducirse hasta en un 90% para personas físicas y pequeñas empresas, siempre que no sean grandes contribuyentes.

¿Qué pasa con los contribuyentes cumplidores?

Otra novedad es un esquema simplificado para declarar impuestos. Se creará un régimen opcional y más fácil de usar para quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La idea es que puedan presentar una declaración jurada más sencilla, aunque no implica un blanqueo automático de bienes o activos no declarados.

¿Qué cambios específicos trae esta ley?

  • Se actualizan los umbrales para que las infracciones tengan consecuencias penales, ajustándolos a la inflación.
  • Se mantiene el plazo de prescripción de 5 años para contribuyentes cumplidores, pero se reduce a 3 años si no hay discrepancias importantes.
  • Para quienes no estén inscriptos, el plazo de prescripción sigue siendo de 10 años.
  • Se establecen rebajas en multas administrativas para quienes se adhieran a los nuevos sistemas, con descuentos de hasta el 90%.
  • Se crea un régimen de declaración jurada simplificada para ciertos contribuyentes, sin que esto implique un mecanismo de blanqueo de bienes.

¿Qué sigue?

El proyecto ahora debe pasar por otras instancias legislativas y, si se aprueba, se implementará con el objetivo de hacer más sencillo y justo el sistema tributario. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que no hay un mecanismo específico para blanquear bienes o activos, sino que busca facilitar la formalización de ahorros no declarados mediante un proceso más simple.

En definitiva, la ley apunta a un equilibrio: reducir la persecución penal por evasión tributaria en casos menores y promover la regularización de fondos, sin dejar de lado la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales.