¿Qué está pasando en el Senado? 💼

En Argentina, un proyecto polémico busca endurecer las penas para quienes hacen denuncias falsas, especialmente en casos de violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, vuelve a la mesa después de casi un año en pausa, y ahora genera debates intensos sobre si esto ayuda o perjudica a quienes realmente necesitan justicia.

¿En qué consiste el proyecto? 📝

Actualmente, si alguien denuncia un delito falso, la ley establece penas que van desde dos meses hasta un año de prisión, o multas que oscilan entre 750 y 12.500 pesos. La propuesta de Losada busca elevar esas penas, imponiendo de uno a tres años de cárcel para quien denuncie falsamente un delito ante las autoridades. Pero el cambio más fuerte llega en casos relacionados con violencia de género, menores o delitos sexuales: allí, la pena sería de tres a seis años de prisión.

Además, el proyecto también modifica las reglas sobre falsos testimonios en causas judiciales, elevando las penas de uno a cuatro años, y en ciertos casos, en delitos relacionados con violencia de género o abusos, la sanción podría aumentar en un tercio.

¿Por qué genera polémica? ⚖️

Desde organizaciones que trabajan en temas de género, advierten que estas medidas pueden ser peligrosas. Temen que al endurecer las penas solo para ciertos delitos, se termine desalentando a las víctimas de denunciar situaciones de violencia, por miedo a ser acusadas falsamente o a enfrentar un proceso judicial muy duro, incluso si están diciendo la verdad. La preocupación es que en la práctica, esto pueda reforzar la idea de que denunciar puede traer más problemas que soluciones.

Por ejemplo, organizaciones como la Red de Abogadas Feministas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han expresado que este tipo de leyes puede contribuir a que las víctimas se sientan menos seguras de dar el paso de denunciar. Consideran que en lugar de facilitar la justicia, podrían terminar siendo un arma de doble filo, que solo aumenta la carga punitiva sobre las personas que ya están en situación vulnerable.

¿Qué dicen las cifras? 📊

En todo el mundo, las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos, según ONU Mujeres. En Argentina, no hay datos específicos, pero informes del Consejo de la Magistratura indican que solo alrededor del 3% de las denuncias penales serían falsas. Esto plantea una duda: ¿vale la pena endurecer tanto las penas si las denuncias falsas son tan pocas en comparación?

¿Qué pasa ahora? 🔜

El proyecto tiene larga data, y en su momento fue respaldado por el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Aunque en 2022 se llegó a un dictamen en comisión, no se votó en el recinto. Ahora, con la Cámara renovada tras las elecciones, el debate vuelve a comenzar desde cero. La próxima semana o la siguiente, se espera que se discuta en comisión, y la senadora Losada planea realizar un evento en el Congreso con víctimas y familiares afectados por denuncias falsas, para dar visibilidad a su postura.

¿Qué busca realmente el proyecto? 🎯

Losada sostiene que la iniciativa no busca castigar por castigar, sino que pretende proteger a las personas que enfrentan acusaciones falsas y que, en muchos casos, sufren consecuencias devastadoras: pérdida de trabajo, separación de sus hijos, daños sociales y estigmas que pueden durar toda la vida. Pero las organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que, en la práctica, estas leyes pueden tener el efecto contrario, desalentando a las víctimas de denunciar y, en algunos casos, incluso convirtiéndose en una herramienta para criminalizar a quienes denuncian casos de violencia.

¿Y qué sigue? 🤔

El debate está abierto y todavía falta definir si esta propuesta avanzará o quedará en la nada. Lo que sí está claro es que cualquier cambio en la ley debe buscar un equilibrio: proteger a quienes enfrentan acusaciones falsas sin desalentar a las víctimas reales de buscar justicia. En una sociedad donde la violencia de género y los abusos siguen siendo un problema grave, el desafío es encontrar políticas que fortalezcan a las víctimas, no que las hagan sentir más inseguras.