¿Qué cambió en la Ley de Glaciares?
En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados dio el visto bueno a una modificación importante en la Ley de Glaciares, una norma clave para proteger los enormes bloques de hielo y el ambiente que los rodea en Argentina. La reforma, impulsada por el Gobierno y respaldada por algunos gobernadores con interés en la minería, generó debates y protestas en el Congreso.
El cambio fue aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La ley original, sancionada en 2010, buscaba proteger los glaciares y las áreas periglaciares, esenciales para el agua, la biodiversidad y el turismo. Sin embargo, la reforma modifica esa protección, concentrándose en algunos glaciares y zonas específicas, y dándole más poder a las provincias para decidir qué se puede explotar.
¿Por qué genera polémica?
Lo que más llama la atención es que ahora la protección no será tan amplia como antes. La ley original protegía todos los glaciares y ambientes periglaciares en general, pero ahora esa protección se enfoca solo en aquellos que tengan una función hídrica efectiva o en zonas con suelos congelados que regulen el agua de manera comprobable.
Esto significa que muchas áreas que antes estaban protegidas podrán ser consideradas para actividades mineras o hidrocarburíferas, siempre que las provincias así lo decidan. La reforma le da mayor autonomía a los gobernadores, quienes podrán determinar si esas zonas aportan o no al recurso hídrico, un punto que preocupa a quienes defienden la protección del ambiente.
¿Qué actividades están en juego?
La reforma permite que en zonas periglaciares que no sean clave para las cuencas de agua, puedan realizar minería y extracción de hidrocarburos. Además, en las áreas protegidas, siguen prohibidas actividades como la minería y la construcción de industrias, salvo en casos de investigación científica o prevención de riesgos, pero en otras zonas, la puerta está más abierta.
El inventario de glaciares, que identifica y registra estos espacios, seguirá a cargo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Este organismo deberá actualizar la información cada cinco años, en colaboración con las provincias.
¿Qué pasa con el medio ambiente y el agua?
Uno de los aspectos más importantes de la reforma es que las actividades que puedan afectar los glaciares y ambientes periglaciares deberán pasar por una Evaluación de Impacto Ambiental. Además, las provincias tendrán la responsabilidad de determinar qué actividades implican una “alteración relevante”. La ley también incorpora el principio precautorio, que busca prevenir daños antes de que ocurran.
¿Qué dicen los diferentes actores?
Quienes defienden la reforma afirman que busca facilitar proyectos mineros y ordenar mejor la normativa, con mayor participación de las provincias. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y científicos advierten que estos cambios podrían poner en riesgo las cuencas de agua y reservas estratégicas, afectando el equilibrio ecológico y el acceso al agua potable.
Además, esta reforma podría generar conflictos legales, ya que choca con algunos artículos de la Constitución Argentina. El artículo 124 reconoce que las provincias tienen dominio sobre los recursos naturales, mientras que el artículo 41 establece la obligación del Estado nacional de proteger el ambiente mediante normas de mínimos que deben cumplirse en todo el país.
Lo que viene
El debate sigue abierto y las próximas semanas serán clave para ver si la ley se aplica y cómo impacta en el medio ambiente y en las actividades mineras. La discusión refleja el delicado equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del patrimonio natural, un tema que preocupa a muchos y que seguramente seguirá en la agenda pública.
En definitiva, esta reforma de la Ley de Glaciares en Argentina marca un hito importante en la forma en que se manejan los recursos naturales y la protección del ambiente en el país, generando debates que seguramente continuarán en los meses próximos.
