Una investigación que sacude a la administración pública

La justicia federal avanza en el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras descubrirse un supuesto esquema de corrupción en la compra de medicamentos e insumos. El caso, que salió a la luz hace apenas tres meses, ya tiene a 15 personas citadas a declarar y destapó una red que habría defraudado al Estado en cifras millonarias, afectando sobre todo a personas en situación vulnerable.

¿Qué pasó? 🤔

Todo comenzó con la salida de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, después de que se hicieran públicas conversaciones sobre supuestos sobornos. El juez federal Sebastián Casanello lo citó a declarar el 19 de noviembre en Comodoro Py, junto a otros ex funcionarios y empresarios del sector farmacéutico. La fiscalía, a cargo de Franco Picardi, sostiene que desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, un grupo organizado habría manipulado la compra de medicamentos para el programa Incluir Salud, que asiste a personas con discapacidad y sin cobertura médica.

¿Cómo funcionaba el esquema? 🕵️‍♂️

La investigación detectó un mecanismo de direccionamiento de las compras públicas. Básicamente, se armaban licitaciones «a medida» para que siempre ganaran las mismas droguerías. Las empresas invitadas a participar eran pocas y, según la fiscalía, estaban conectadas con funcionarios del organismo. Así, se aseguraban que el dinero del Estado fuera siempre a parar a las mismas manos.

Una vez que controlaban el circuito, los precios de los medicamentos subían sin justificación, generando sobreprecios y ganancias para el grupo. Además, parte de la plata obtenida se movía a empresas fantasmas, probablemente para lavar el dinero y dificultar el rastreo.

¿Quiénes están involucrados? 👀

Entre los citados a indagatoria están Diego Spagnuolo y varios ex funcionarios de la ANDIS, como Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian. También aparecen empresarios y representantes de droguerías como Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., que, según la fiscalía, se repartieron casi la totalidad de los contratos millonarios durante el período investigado.

En las últimas horas, la justicia realizó más de 30 allanamientos, algunos de ellos ligados a la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina S.A., aunque todavía no hay pruebas directas que los involucren como parte central de la red.

El impacto: menos ayuda para quienes más lo necesitan 🧑‍🦽💔

Lo más grave de este caso es que los fondos desviados iban destinados a personas en situación de alta vulnerabilidad: quienes reciben pensiones no contributivas, madres con siete hijos, mayores de 70 años sin recursos, entre otros. El fraude no solo afectó al Estado, sino que dejó a gente muy necesitada sin la cobertura médica que le corresponde.

Números que duelen 📊

Los datos son contundentes. Entre julio de 2024 y agosto de 2025, Génesis S.A. y Profarma S.A. se llevaron el 93% de los más de 30 mil millones de pesos adjudicados en licitaciones reducidas. New Farma S.A. y Floresta S.A., por su parte, ganaron más del 50% de los contratos para implantes y audífonos en 2025.

La fiscalía asegura que esto no fue casualidad ni un error administrativo, sino el resultado de una estructura pensada para quedarse con la plata pública y tapar sus rastros usando sistemas informáticos que daban apariencia de transparencia.

¿Qué sigue ahora? ⏳

El proceso judicial sigue sumando pruebas y tomando declaraciones. La justicia busca determinar cuánto dinero se desvió realmente y cuántas personas estuvieron involucradas. Mientras tanto, la causa ya hizo ruido en los medios y en la opinión pública, poniendo en debate la necesidad de mayor control y transparencia en las compras del Estado, sobre todo cuando están en juego los derechos de quienes más lo necesitan.

¿Qué opinás vos? ¿Cómo te impacta conocer que la corrupción afecta a los más vulnerables?