¿De qué se trata el escándalo?

En Entre Ríos, una denuncia penal sacude el mundo político y administrativo: una exfuncionaria que fue condenada por participar en un fraude millonario en la Administradora Tributaria (ATER) decidió acusar a varios exdirectivos, incluyendo al ex titular del organismo, Marcelo Casaretto. La denuncia revela que las maniobras fraudulentas, que habrían ocurrido durante una década, habrían contado con la aprobación y conocimiento de los más altos niveles de la institución.

¿Qué pasó exactamente?

El caso se centra en un esquema mediante el cual se manipulaba la información del sistema tributario para crear créditos fiscales falsos. Estos créditos, que no existían en realidad, se usaban para compensar impuestos que los contribuyentes debían pagar, pero en realidad, el dinero nunca entró a las arcas del Estado. La estafa afectó a la provincia por un monto cercano a los 46 millones de pesos en valores de ese entonces, lo que al actualizarse, hoy en día, sería aproximadamente 14.700 millones de pesos argentinos, o unos US$9,7 millones.

¿Quiénes están en la mira?

  • Marcelo Casaretto: ex director del organismo y actual dirigente del PJ provincial.
  • Damián Alcides Zoff: ex director de Impuestos.
  • César Del Castillo: ex director de Fiscalización Tributaria.
  • Germán Gietz: ex director de Informática.
  • Federico Borra: ex director Jurídico.
  • Manuel Valiero: ex director de Interior.

La denuncia fue presentada por María Estrella Martínez de Yankelevich, quien fue jefa del Departamento Despacho en ATER y admitió haber tenido responsabilidad en las maniobras, por las cuales fue condenada en un juicio abreviado en agosto pasado. Sin embargo, ella sostiene que las operaciones no habrían sido posibles sin la autorización de los altos mandos del organismo, incluyendo a Casaretto.

¿Qué dice el ex director y qué antecedentes hay?

Marcelo Casaretto negó estar involucrado en la fraude y afirmó que fue él quien en 2014 descubrió y denunció las operaciones fraudulentas. Además, aseguró que en ese momento la Justicia ya había descartado las acusaciones en su contra y que durante su gestión se recuperó todo el dinero que se había perdido.

Por su parte, la ex funcionaria que denunció a Casaretto y a otros exdirectivos afirma que las maniobras excedían sus capacidades y que solo podían haberse realizado con el acuerdo y la autorización de los niveles superiores de la administración. También sostuvo que los exdirectivos tenían acceso a claves informáticas con permisos especiales que les permitían hacer movimientos en las cuentas de los contribuyentes y que existió una vulnerabilidad en el sistema que fue aprovechada para cometer los delitos.

¿Qué sigue en la investigación?

La denuncia ahora será analizada por el Fiscal Anticorrupción Gonzalo Badano, quien decidirá si abre una investigación formal contra Casaretto y los otros exdirectivos. La exfuncionaria también pidió que se investigue su patrimonio y el de los otros involucrados para determinar si hubo enriquecimiento ilícito.

Este caso abre un nuevo capítulo en un proceso que comenzó en 2014, con la imputación de 180 personas y que culminó en 2017 con condenas en un juicio abreviado. En esa sentencia, Martínez de Yankelevich y Gaggión fueron condenados, pero ahora la denuncia apunta a que hubo una red de complicidades en los niveles más altos del organismo.

¿Qué impacto tiene esto?

Más allá de las condenas y las denuncias, este caso pone en evidencia cómo las irregularidades en instituciones públicas pueden durar años, generando pérdidas millonarias para las arcas de la provincia. La denuncia también pone en jaque a quienes dirigían ATER durante ese período y busca esclarecer quiénes estaban detrás de estas maniobras fraudulentas.

¿Qué dicen los protagonistas?

Casaretto, que tiene una larga carrera en el Estado y fue senador y ministro en Entre Ríos, afirmó que fue él quien denunció la maniobra y que las acusaciones en su contra ya estaban descartadas. La ex jefa del Departamento Despacho, en tanto, reconoce su responsabilidad pero asegura que actuó con el aval de los altos cargos, incluyendo a Casaretto.

¿Qué puede pasar ahora?

La denuncia será analizada en una instancia judicial y, si se encuentran pruebas, se podría abrir una investigación formal contra los exfuncionarios señalados. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones y poniendo en duda la transparencia en la gestión pública en Entre Ríos.