¿Qué pasa con las protestas y los organismos públicos en Argentina?
En medio de un escenario de decisiones judiciales y políticas, el Gobierno de Javier Milei anunció que el protocolo antipiquetes, que busca regular las protestas en la calle, sigue en vigor. La decisión llega después de que la Justicia le concediera una apelación a esta medida, que había sido anulada días atrás por un juez. Además, el Ejecutivo decidió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que estuvo en el centro de un escándalo por presuntas coimas y corrupción.
El debate judicial: ¿protesta o orden?
El lunes pasado, el juez Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, argumentando que restringía el derecho a la protesta social. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad apeló esa decisión, y la Justicia decidió suspender la nulidad con «ambos efectos», lo que significa que el protocolo puede seguir aplicándose mientras se resuelve la apelación en la Cámara. Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el protocolo continúa vigente y que no hay cambios en su aplicación.
Por su parte, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual figura política, celebró la noticia en sus redes sociales: «El Protocolo Antipiquete NO se suspende. Se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión». La discusión se centra en si la regulación de las protestas limita derechos o busca mantener el orden en las calles.
¿Qué hay detrás de la disolución de ANDIS? 🚫🧾
En paralelo, el Gobierno anunció que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que, según legisladores opositores, estuvo salpicado por casos de corrupción y cobro de coimas. El diputado Germán Martínez afirmó que esta medida busca «borrar las huellas de la corrupción» y consideró que no se trata solo de cambiarle el nombre, sino de investigar a fondo. Otro legislador, Hernán Reyes, señaló que la disolución revela un problema más profundo con la respuesta estatal hacia las personas con discapacidad, y que las denuncias contra funcionarios, incluido Karina Milei, evidencian un sistema con fallas en transparencia y control.
Por su parte, Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, afirmó que el cierre del organismo es una forma de eliminar Estado en lugar de luchar contra la corrupción, y alertó que durante 2025, los discapacitados fueron víctimas de abandono y ataques.
¿Y la plata? 💸
En otra tanda de decisiones, Adorni también criticó a la Provincia de Buenos Aires por la deuda que tiene con hospitales gestionados en conjunto con el Estado nacional. Aseguró que la deuda supera los 500 mil millones de pesos y que el dinero está, pero se gasta en otras cosas, como compras navideñas o políticas de género. Además, apuntó contra el gobernador Kicillof, diciendo que el gasto en esas áreas es similar a lo que se le debe a hospitales como el Néstor Kirchner.
¿Qué dicen los expertos y los políticos? 🗣️
El tema de las protestas y la justicia genera opiniones divididas. La exministra Frederic criticó la lentitud de la Justicia para resolver la nulidad del protocolo y recordó que hubo episodios de violencia en protestas pasadas. En tanto, desde el oficialismo y la oposición, algunos acusan al Gobierno de usar la corrupción como excusa para eliminar organismos del Estado, mientras otros defienden la necesidad de mantener el orden en las calles.
En medio de este escenario, también se conocieron otras noticias, como la intención del secretario de Turismo, Daniel Scioli, de destacar el éxito del turismo en la Costa, y el anuncio de que el sueldo del presidente Milei no tendrá aumento, pero sí algunos funcionarios del Gobierno podrán cobrar incrementos. Además, se mencionó que la ley de Inocencia Fiscal busca fortalecer la lucha contra delitos graves y la evasión en el sistema financiero argentino.
¿Qué sigue en el horizonte político?
La pelea por el control de las calles, la transparencia en la gestión pública y la respuesta a las protestas sociales están en el centro del debate. La judicialización de las protestas, la disolución de organismos y las acusaciones de corrupción muestran un país en plena tensión entre diferentes miradas sobre cómo mantener el orden sin limitar derechos fundamentales.
En definitiva, lo que está en juego es cómo Argentina busca equilibrar la protesta social, la transparencia y la gestión del Estado en un contexto de cambios y desafíos.
