¿Qué pasa con las obras públicas y las deudas del Gobierno?
El Gobierno está evaluando una forma diferente de pagar lo que debe a las constructoras: a través de bonos. Esto incluye trabajos recientes, pero también obras que quedaron pendientes desde 2023. Lo interesante es que, en realidad, esa plata ya fue recaudada gracias a impuestos específicos.
¿Y qué significa esto? Básicamente, que hay dinero en el Estado que todavía no se usó para las obras, pero que ya está disponible. Desde finales de 2023 hasta principios de 2026, se acumuló una suma de aproximadamente 6 billones de pesos en impuestos que estaban destinados a infraestructura, como el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto PAIS. Sin embargo, esa plata no se usó para las obras y, en vez de eso, se guardó en un fondo.
¿Por qué no se usan esos fondos?
Desde algunos sectores especializados explican que esa plata ya está en las cuentas del Estado, pero no se destinó a las obras públicas, sino que se utilizó para pagar intereses de la deuda. Es decir, el dinero ya recaudado está siendo usado para otra cosa y no para impulsar las obras que tanto se necesitan.
Este escenario genera un problema: mientras el dinero en las arcas del Estado existe, las obras públicas siguen en pausa, afectando principalmente a provincias del norte y noreste argentino, donde las obras públicas hacen mucha falta.
¿Y qué pasa con la economía y el sector de la construcción?
El sector de la construcción, que suele ser un termómetro importante para la economía, sufrió una caída del 25% entre finales de 2023 y mediados de 2024. Además, se perdieron cerca de 120.000 puestos de trabajo en ese período, y todavía no lograron recuperarse.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que uno de los motivos principales de esta caída fue la falta de inversión en obras públicas a nivel nacional. Para Weiss, el sector está siendo parte del ajuste fiscal del país, lo que se traduce en menos proyectos y menos empleo.
¿Qué pasa con los costos y la inversión?
Otro problema que enfrenta la construcción es el aumento de costos en dólares. Como el tipo de cambio se mantiene estable y la inflación sigue subiendo, invertir en nuevas construcciones se vuelve menos atractivo. Muchos prefieren comprar propiedades ya terminadas en lugar de meterse en proyectos nuevos, que se vuelven más caros y menos seguros.
¿Qué se espera de la próxima jugada del Gobierno?
El Gobierno está pensando en emitir bonos para saldar deudas con las constructoras. La idea sería pagar lo que se debe mediante estos bonos, aunque todavía no están claras las condiciones ni a quiénes irían dirigidos exactamente. En 2024, el ministro Luis Caputo ya utilizó una estrategia similar para pagar a las generadoras de energía, que en la práctica obligó a muchas empresas a aceptar esa opción para cobrar lo que se les debía.
Este movimiento busca aliviar la situación de las empresas constructoras, que desde hace tiempo esperan pagos por obras que comenzaron en la administración pasada y, en algunos casos, en la actual, pero que aún no han recibido su dinero.
¿Qué implica todo esto?
En definitiva, el plan de pagar las deudas con bonos y la utilización de fondos ya recaudados revela una situación complicada en la economía y en la infraestructura del país. Las obras públicas, que son clave para el desarrollo y la mejora de las provincias, siguen en pausa, afectando a muchas comunidades. Además, el sector de la construcción, que debería ser motor de empleo y crecimiento, atraviesa una profunda crisis.
Todo esto genera incertidumbre y plantea la pregunta: ¿cuándo se retomarán realmente los proyectos y se recuperará el empleo perdido? Mientras tanto, el dinero en las arcas del Estado sigue acumulándose, pero sin llegar a las obras que todos necesitamos.



