¿Qué es el RIGI y por qué está en el centro del debate?
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, volvió a estar en el centro de la escena política y económica. Pero no por una nueva partida de gasto tradicional, sino por los beneficios fiscales que el Estado dejaría de percibir cuando estos proyectos comiencen a funcionar a pleno. Es decir, cuánto dinero en impuestos dejarán de ingresar al país y qué impacto tendría eso en las finanzas públicas.
¿De cuánto estamos hablando?
Un informe elaborado por el diputado Guillermo Michel revela que, por los 23 proyectos aprobados bajo el RIGI, el gasto tributario —o sea, los impuestos que el Estado dejaría de cobrar— sería de unos u$s3.359 millones al año. Esto equivale a casi medio punto del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra importante que genera discusión sobre si estos beneficios valen la pena.
Para entender mejor, estos proyectos suman en total unos u$s49.766 millones en inversión y podrían crear más de 108.450 empleos entre directos e indirectos. Sin embargo, gran parte de esas inversiones todavía no están en marcha, y el impacto fiscal se siente principalmente cuando los proyectos entran en plena fase de operación, algo que no ocurrirá de un día para otro.
¿Cuánto costará realmente?
El análisis del informe indica que casi la mitad de esas inversiones, aproximadamente el 47%, se desembolsará hasta 2028. Esto significa que, aunque los beneficios fiscales no se aplican de inmediato, sí representan un costo para el Estado en los próximos años.
Si se proyectara que, por cada u$s100.000 millones invertidos en estos proyectos, el gasto fiscal sería cercano a 0,99 puntos del PBI, la cifra podría ser aún mayor si se consideran otros escenarios similares. Es decir, que grandes inversiones en energía, minería y infraestructura podrían representar un impacto fiscal muy significativo.
¿Por qué los impuestos se reducen?
El informe destaca que la mayor parte del gasto tributario está relacionado con los derechos de exportación. La idea es que, a partir del tercer año, estos derechos tendrían una tasa del 0%, lo que para el Estado significa dejar de recaudar fondos en exportaciones. Esto representa unos 0,40 puntos del PBI por cada u$s100.000 millones invertidos.
Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias también se reduce, ya que los vehículos de propósito único —los proyectos específicos que entran en el régimen— pagan una tasa del 25%, en lugar del 35% del régimen general. Además, se contemplan beneficios en importaciones, como la exención de aranceles para bienes de capital y repuestos, y mecanismos para pagar menos IVA y otros impuestos.
El impacto del Súper RIGI 🚀
Existe también una versión más agresiva del régimen, conocida como el Súper RIGI, que ya tiene media sanción en Diputados. En este esquema, los beneficios serían aún mayores: el gasto fiscal se elevaría a aproximadamente 1,27 puntos del PBI por cada u$s100.000 millones invertidos.
¿Qué cambia? La tasa del Impuesto a las Ganancias bajaría aún más, del 25% al 15%, y las contribuciones patronales se limitarían al 10%. Además, se establecería un tope para las contribuciones sociales y otras medidas para incentivar aún más la creación de empleos y la inversión en sectores como la energía y la minería.
¿Por qué genera debate?
El tema no es si estos proyectos generan inversión, sino cuánto le cuesta al Estado hacer posible que esas inversiones se concreten y cuánto dinero deja de ingresar en el camino. El informe de Michel advierte que esas cifras están basadas en proyecciones y que los riesgos, como la volatilidad de los precios internacionales, pueden variar mucho.
El Gobierno defiende estos beneficios como una forma para atraer capital, acelerar obras y aumentar las exportaciones. Pero, por otro lado, está la preocupación por cuánto dinero en impuestos se dejará de recaudar para sostener otros gastos del Estado.
¿Qué sigue en la discusión?
El Presupuesto 2027 enfrenta un dilema: cómo equilibrar la atracción de grandes inversiones con la necesidad de mantener los recursos para otras áreas del Estado. La clave está en entender que estos beneficios imponen un costo fiscal que debe ser medido con claridad para poder gestionar mejor las finanzas públicas y evitar desequilibrios en el futuro.
Al final, la discusión no solo pasa por si las inversiones valen la pena, sino también por cuánto está dispuesto a gastar el Estado para que esas inversiones ocurran y cómo se traduce eso en beneficios o pérdidas para todos.
