Una pelea que no deja de crecer 🚨
El enfrentamiento por las regalías de la represa Los Nihuiles, en Mendoza, sumó un capítulo más en su historia. La provincia de La Pampa, que reclama una parte de esas ganancias, presentó una medida cautelar ante la Justicia para frenar un decreto presidencial que le da a Mendoza el control total de esas regalías. La decisión del gobierno nacional, firmada por Javier Milei y Luis Caputo, eliminó un acuerdo que dividía las ganancias en partes iguales entre ambas provincias, lo que generó un fuerte rechazo en La Pampa y una respuesta contundente en la Justicia.
¿Qué dice la ley y los acuerdos? 📜
El conflicto tiene raíces profundas en la historia y en los acuerdos firmados entre las provincias. En 1992, Mendoza y La Pampa, con el respaldo del Estado Nacional, firmaron un convenio que establecía que las regalías de la represa, ubicada en Mendoza, también eran de La Pampa. Este acuerdo fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señalaba claramente que esas regalías corresponden a la provincia pampeana. Además, leyes posteriores, como la Ley 23.164 de 1984, aumentaron el porcentaje de reparto de regalías al 12%, con 6% para cada provincia.
¿Qué cambió con el decreto de Milei? 🏛️
El 14 de septiembre de 2026, el presidente Javier Milei firmó un decreto (N° 982/2026) que eliminó un decreto anterior del dictador Lanusse y que dividía en partes iguales las regalías. Ahora, Mendoza reclama todos esos fondos y asegura que la represa genera energía a partir de agua que, en su mayoría, proviene de su territorio. La provincia calcula que, desde hace más de 50 años, le corresponden regalías que, sumadas, superan los 680 millones de dólares, más intereses. Mendoza, por su parte, sostiene que esas regalías corresponden a la fuente hidroeléctrica ubicada en su territorio y que, además, la ley y la jurisprudencia respaldan esa postura.
La respuesta de La Pampa y la Justicia ⚖️
Frente a la decisión presidencial, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no se quedó de brazos cruzados. Presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal, en el juzgado de Santa Rosa, para que se suspenda el decreto y se respeten los acuerdos previos. Ziliotto argumenta que tanto leyes, sentencias de la Corte Suprema y acuerdos firmados en 1992 respaldan que esas regalías son pampeanas. Además, recordó que el convenio fue firmado por el Estado Nacional y ambas provincias, y que ninguna de las partes puede modificarlo unilateralmente.
¿Qué dice Mendoza? 🗣️
Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo respondió con dureza a las críticas. En sus redes sociales, afirmó que el río Atuel es interjurisdiccional, pero que la fuente hidroeléctrica que genera la energía está en Mendoza. Para Cornejo, lo importante es que la infraestructura y la pendiente necesaria para producir energía están en su provincia, por lo que las regalías deben ser de Mendoza. Además, criticó que La Pampa judicializa cada decisión y que, en cambio, Mendoza invierte y realiza obras para aprovechar mejor sus recursos.
¿Por qué importa tanto este conflicto? 🔥
Más allá del enfrentamiento entre provincias, esta disputa refleja cómo los recursos naturales y las leyes pueden generar tensiones políticas y económicas. Para Mendoza, la represa y sus regalías son un símbolo de su desarrollo y capacidad de inversión. Para La Pampa, esas regalías representan un derecho que viene desde hace décadas y que la Justicia respalda. La decisión del gobierno nacional de cambiar las reglas del juego sin acuerdo previo generó un terremoto político y pone en jaque la relación entre ambas provincias.
¿Qué puede pasar ahora? 🤔
La Justicia Federal deberá analizar la medida cautelar presentada por La Pampa y decidir si suspende o no el decreto de Milei. Mientras tanto, en el terreno político, las declaraciones y las peleas públicas siguen, con cada provincia defendiendo sus intereses. Lo que está claro es que, más allá de quién tenga razón, la disputa por el río Atuel revela cómo los recursos naturales pueden convertirse en un tema de fuerte confrontación entre gobiernos y comunidades.
Este conflicto no solo afecta a Mendoza y La Pampa, sino que también pone en evidencia la importancia de los acuerdos y leyes que regulan la gestión de recursos compartidos en Argentina. La historia continúa y la decisión final, por ahora, está en manos de la Justicia y de la política.
