Un reclamo que divide a la Ciudad y la Provincia 🚧
La tensión en Buenos Aires crece mientras el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le exige al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que asuma su responsabilidad en la atención a las personas en situación de calle. Todo comenzó cuando Macri anunció que la Provincia debería pagar más de 27 mil millones de pesos por el alojamiento y asistencia de quienes viven en la calle y tienen domicilio en la provincia, pero que actualmente están siendo asistidos en la Ciudad.
¿De qué se trata el reclamo? 📜
Este reclamo se basa en un decreto nacional que modificó las reglas para la atención de personas en situación de calle. Ahora, cada jurisdicción —ya sea la Ciudad o la Provincia— debe encargarse de sus propios residentes en esa situación. La Ciudad argumenta que la Provincia no está cumpliendo con esa obligación, a pesar de contar con un programa propio de ayuda.
En concreto, según datos de la Ciudad, hay al menos 2.327 personas con domicilio en la provincia que actualmente están alojadas en los Centros de Inclusión Social porteños. El costo mensual por cada una de ellas es de aproximadamente 1.163.135 pesos, lo que lleva a que el monto total reclamado desde que entró en vigor el decreto ascienda a más de 27 mil millones de pesos.
¿Por qué ahora? 🤔
El reclamo llega justo después de que el INDEC difundiera que la pobreza en el país alcanza al 28,2%, y que la indigencia —que incluye a quienes no cubren la canasta básica alimentaria— llega al 6,3%. Estos datos dejan en evidencia cómo la situación social en el país sigue siendo delicada y cómo la problemática de las personas en situación de calle afecta a muchas familias y adultos en todo el territorio.
Respuestas y acusaciones 🔥
Desde la Ciudad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió una nota formal a los responsables en la Provincia, solicitando la transferencia inmediata de los recursos necesarios. En esa nota, también reclamaron que el dinero sirva para cubrir tanto los costos actuales como la deuda acumulada.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida, fue claro: según la ley, cada provincia debe encargarse de sus propios residentes en situación de calle. Además, recordó que la Provincia también tiene una ley propia para atender a estas personas y acusó a Kicillof de no cumplir con esa obligación.
Por su parte, desde la Provincia, el ministro de Producción, Augusto Costa, no se quedó callado. En redes sociales, criticó duramente a la administración porteña, calificando de «cinismo» que quieran culpar a la Provincia por la situación social. Costa remarcó que la Ciudad no puede pensarse aisladamente, ya que forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde viven 17 millones de personas que trabajan, producen y consumen en esa región.
¿Y qué dicen en la Provincia? 🗣️
Desde Kicillof y su equipo, también apuntaron contra la gestión de Macri, acusándolos de no asumir responsabilidades y de buscar culpables para tapar su propia incapacidad. En sus críticas, mencionaron que en la Ciudad faltan políticas públicas en áreas clave como vivienda, salud, transporte y empleo, y que estas deficiencias empeoran las condiciones de vida de los habitantes.
Además, vincularon la situación actual con las políticas económicas nacionales, especialmente las del gobierno de Javier Milei, que consideran que han provocado caída en la industria, cierre de empresas y aumento de personas en la calle y en situación de pobreza en la región.
¿Qué sigue? ✍️
El debate está abierto y la tensión entre ambos niveles de gobierno es evidente. Por un lado, la Ciudad insiste en que la responsabilidad es de la Provincia y que el dinero que gastan en asistir a estas personas proviene del esfuerzo de sus propios habitantes. Por otro lado, la Provincia sostiene que la atención debe ser un trabajo conjunto y que la falta de políticas públicas profundiza la problemática social.
Lo que está claro es que, mientras las cifras de pobreza y vulnerabilidad social siguen en aumento, la discusión sobre quién debe pagar y cómo se deben gestionar los recursos para las personas en situación de calle no solo refleja una disputa política, sino también la necesidad urgente de buscar soluciones concretas para quienes más lo necesitan en la región.
