¿Una ley en pausa? Cómo la política y las voces diversas complican el futuro de los glaciares

La Ley de Glaciares, una normativa clave para proteger las reservas de agua dulce en Argentina, se convirtió en el centro de un debate intenso y lleno de vueltas en el Congreso. Lo que parecía un trámite simple, con la aprobación en el Senado y la intención de avanzar rápidamente en Diputados, terminó dando un giro importante que refleja las tensiones entre diferentes sectores políticos y sociales.

De la intención a la realidad: un retraso estratégico

El oficialismo había planeado aprobar la ley en un solo encuentro, en un proceso rápido que buscaba llevarla al recinto en pocos días. Sin embargo, sorprendió que desde la oposición y sectores críticos al proyecto solicitaran que se realice una audiencia pública con carácter federal, antes de avanzar con la sanción definitiva. La propuesta original proponía un debate en la misma reunión, pero la presión llevó a que se postergara y se convoque a una audiencia que incluya distintas voces del país.

¿Por qué tanto debate? La voz de los diferentes sectores

Uno de los principales impulsores de la demanda de audiencia pública fue el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien invocó diversas leyes y principios constitucionales para respaldar su pedido. Ferraro enfatizó que el debate debe ser federal, incluyendo no solo a las provincias con potencial minero, sino a toda Argentina, ya que las cuencas hídricas están en riesgo.

Mientras tanto, el oficialismo, representado por Nicolás Mayoraz, propuso que la audiencia se realice el 25 de marzo, con participación vía Zoom para quienes no puedan estar presentes en Buenos Aires. La idea es que esa audiencia sirva para escuchar distintas voces, incluyendo comunidades originarias, sectores ambientalistas y actores de diferentes provincias.

¿Un proceso que favorece la participación?

Desde el oficialismo también aseguraron que la propuesta busca garantizar una participación amplia y efectiva. La diputada Sabrina Selva, del peronismo, reclamó que esa audiencia sea realmente federal y tenga lugar en diferentes lugares del país, para proteger las cuencas hídricas. Frente a estas demandas, el presidente de la comisión, Mayoraz, ofreció dividir la audiencia en dos jornadas: una presencial y otra virtual, para facilitar la participación de todos.

El escenario político: ¿quién tiene la mayoría?

En el Congreso, la oposición y sectores críticos ven con cierto optimismo el hecho de que la discusión se haya abierto a una audiencia pública. Consideran que esto puede frenar o modificar la ley, que en su versión original favorece la delegación de poderes a las provincias sobre áreas de glaciares y recursos periglaciares. La ley vigente busca proteger estos ambientes como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades extractivas.

Por el lado del oficialismo, creen que tienen los votos necesarios para aprobar la ley en Diputados, pero no descartan que puedan surgir cambios tras las audiencias. La diferencia principal con el Senado, donde la ley fue aprobada con 40 votos a favor, radica en que en Diputados todavía hay dudas y resistencia, especialmente en sectores que temen que la normativa pueda reducir el control nacional.

¿Qué sigue en el calendario legislativo?

El plan oficial es avanzar con el despacho de comisión después de Semana Santa, entre el 7 y 8 de abril. A partir de allí, todavía no está definido si la ley será tratada en la misma semana o en la siguiente en el recinto de Diputados. La expectativa es que el debate siga abierto, con la posibilidad de realizar modificaciones que puedan devolverla al Senado para su revisión final.

¿Qué opinan las voces en escena?

Durante la reunión, hubo momentos de tensión. Por ejemplo, la diputada Lucía Cámpora criticó duramente al oficialismo por una propuesta que modificaba la normativa de 2010. También, Juan Grabois pidió que las comunidades originarias, que habitan regiones peri glaciales, puedan participar en las audiencias y ser escuchadas.

¿Qué está en juego?

La discusión no es solo técnica o legal. La ley que se debate busca definir quién tiene autoridad sobre los glaciares y los recursos naturales en esas zonas. La propuesta del oficialismo, basada en el artículo 124 de la Constitución, da más poder a las provincias para decidir sobre el inventario y las estudios de impacto ambiental. Pero, al mismo tiempo, la ley protege los glaciares como reservas estratégicas que deben cuidarse y no explotarse.

En definitiva, lo que está en juego es cómo Argentina quiere cuidar sus recursos naturales y quién tiene la última palabra en esa protección. La discusión continúa, y la participación de diferentes voces será clave para definir qué camino tomará la ley.