El cambio que podría complicar a quienes ya están en la mira del Estado
El Gobierno de Argentina envió al Congreso un proyecto de reforma a la ley de Inocencia Fiscal que busca facilitar la vida de los contribuyentes, pero tiene un agregado que generó dudas entre expertos y podrían poner en aprietos a quienes están en medio de una inspección.
El punto polémico es un artículo llamado 42 ter, que no fue conversado en la reunión del 21 de mayo en el Ministerio de Economía con el ministro Luis Caputo y el jefe de la Agencia de Recaudación, Andréz Váquez. Este artículo establece que si un contribuyente tiene una inspección en curso y decide adherirse al régimen simplificado de Ganancias, puede perder la protección de un período fiscal, lo que significa que las inspecciones y posibles ajustes seguirían vigentes.
¿Por qué genera dudas este artículo? 🤔
Para los especialistas en temas tributarios, como Diego Fraga, esto rompe con la lógica del régimen, que busca crear un «tapón fiscal» para períodos anteriores. La idea era que, si alguien se sumaba al sistema, las inspecciones en marcha podrían cerrarse o, al menos, quedar en pausa. Pero con el artículo 42 ter, incluso si alguien ya tiene una causa en curso, podría adherirse al régimen y, en vez de protegerse, arriesgarse a que su fiscalización siga activa.
Imaginemos a alguien con una inspección por Ganancias de años pasados. Si ahora decide mostrar fondos, comprar un inmueble o declarar dólares en el sistema, puede pensar que esa información será utilizada por la autoridad para seguir revisando su caso anterior. Esto crea una incertidumbre enorme: el contribuyente no sabe si al hacer estos movimientos, la inspección antigua se volverá más estricta.
¿Qué pasa si las inspecciones siguen abiertas? 🚧
Según Fraga, si las inspecciones permanecen en marcha, las autoridades podrían aprovechar esa información para reforzar sus reclamos. Por ejemplo, si alguien declara dólares o realiza movimientos que antes no había declarado, la Agencia de Recaudación podría usar esos datos para seguir revisando el expediente, aún si el contribuyente se sumó al régimen simplificado.
Este escenario genera un problema práctico: en la práctica, la autoridad podría incluso abrir órdenes de inspección masivas antes de que los contribuyentes puedan adherirse, con el fin de revisar períodos anteriores y evitar que el «tapón fiscal» funcione como un blindaje. Esto, en definitiva, frena la intención original del régimen, que era incentivar a la gente a formalizar fondos y sacar dólares del colchón.
¿Qué esperan los expertos? 💡
Fraga y otros consultados creen que lo ideal sería que nadie con un reclamo abierto se adhiera al régimen, pero reconocen que el artículo 42 ter genera demasiada incertidumbre. La esperanza es que durante el debate en el Congreso, este artículo pueda ser eliminado o modificado para no perjudicar a quienes están en medio de una fiscalización.
¿Qué cambios trae el proyecto? 🔍
- Se eliminan los topes de ingresos de 1.000 millones de pesos anuales o de un patrimonio de 10.000 millones.
- Se permite que grandes contribuyentes puedan adherirse al régimen simplificado, aunque no podrán declarar fondos.
- Se establece un piso de 5 millones de pesos para definir qué se considera una «divergencia relevante» en las declaraciones de impuestos.
- La carga de la prueba en estos casos recae exclusivamente en la Administración Tributaria, basándose solo en la información que tiene en sus sistemas.
- Si el contribuyente rectifica en los 15 días hábiles posteriores a una notificación, la discrepancia no se considerará.
- La presunción de diferencias se extiende a períodos de IVA hasta diciembre del año fiscal de Ganancias declarado en el régimen simplificado.
- Se limita el uso de ciertos indicios para acreditar discrepancias y se acota la valoración de otras evidencias.
En resumen, el proyecto busca simplificar la vida de muchos contribuyentes, pero el artículo 42 ter y algunos cambios en las reglas de fiscalización aún generan dudas sobre cómo será realmente su impacto en la práctica.




