Una denuncia que sacude la política y los negocios

En Argentina, el escándalo por las vacunas contra el Covid-19 vuelve a cobrar protagonismo. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria a varias figuras, entre ellas la exministra de Salud, Carla Vizzotti, y a un grupo de empresarios vinculados al sector farmacéutico. La acusación apunta a posibles delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias en la gestión de las vacunas durante la pandemia.

¿Qué se acusa exactamente? 🤔

Stornelli sostiene que, en 2020, hubo una intención clara de favorecer a empresas farmacéuticas locales en la compra de vacunas, en detrimento de las ofertas internacionales. La denuncia fue presentada por diputados de Juntos para el Cambio y señala que las autoridades habrían manipulado las negociaciones para beneficiar a ciertos laboratorios argentinos, en un contexto donde Pfizer, por ejemplo, ofreció millones de dosis que no habrían sido aprovechadas por decisiones del gobierno.

El fiscal afirma que desde mediados de 2020, Pfizer propuso entregar 13,3 millones de dosis, y el fondo Covax de la OPS sumaba otros 25 millones. Sin embargo, el gobierno habría mostrado preferencia por laboratorios locales, quienes, según la acusación, actuaban como socios de fabricantes extranjeros. Esto habría resultado en decisiones que retrasaron la compra de vacunas internacionales, en perjuicio de la población.

Las figuras en el centro del escándalo 🚨

Hugo Sigman, dueño del laboratorio mAbxience, es uno de los nombres que aparece en la denuncia. Se dice que firmó acuerdos con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, logrando que el Estado argentino pagara por adelantado por vacunas que, hasta ahora, no fueron entregadas en su totalidad. En total, el gobierno habría desembolsado el 60% del valor del contrato en 2020, sin recibir esas dosis.

Por otro lado, la adquisición de vacunas Sinopharm también tiene su parte de controversia. Se señala que Sigman, como titular de ELEA, se habría asociado con Phoenix SRL y con la Fundación Huésped —que, según la denuncia, fue fundada por Pedro Cahn, asesor del gobierno— para hacer pruebas y representar en Argentina esas vacunas. La participación de Vizzotti en la Fundación y en empresas relacionadas también aparece en la investigación.

¿Y qué pasa con Pfizer? 💊

El fiscal asegura que el Estado argentino retrasó deliberadamente la compra de las vacunas de Pfizer para favorecer otros intereses económicos. En agosto de 2020, Pfizer ofreció entregar 13,2 millones de dosis en un cronograma que, si se aceptaba, hubiera permitido vacunar a muchos en un momento clave. Pero el gobierno decidió no aceptar esa propuesta y optó por otros laboratorios como AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

Esta decisión, según la denuncia, provocó que Argentina perdiera la oportunidad de contar con esas dosis en un momento crucial para la protección de la población. La justificación oficial en ese momento fue que hubo trabas legales y que Pfizer pedía cláusulas de inmunidad que, según el fiscal, serían poco habituales. Para Stornelli, estos movimientos podrían constituir un abuso de autoridad y una falta grave en el ejercicio público.

¿Quiénes son los acusados? 📝

Además de Vizzotti, están citados otros funcionarios del gobierno, como Sonia Tarragona y Cecilia Nicolini, quienes negociaron con Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. En el sector privado, los nombres más destacados son los de Hugo Sigman, Juan Manuel Artola (apoderado de Laboratorios Richmond), y los representantes internacionales de los laboratorios AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, entre otros. También se menciona a Pedro Cahn, asesor del gobierno y vinculado a la Fundación Huésped.

¿Qué busca la denuncia? 🎯

Stornelli pide que estas figuras expliquen sus decisiones y acciones durante la pandemia, en un contexto donde, según la denuncia, los intereses económicos y políticos se habrían puesto por encima de la salud pública. La causa apunta a que hubo una matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés que, en medio de una crisis sanitaria, perjudicaron a millones de argentinos.

De confirmarse alguna de estas acusaciones, sería un golpe fuerte a la gestión de la pandemia en Argentina y abriría un debate sobre cómo se manejaron los recursos en una de las etapas más críticas de la historia reciente del país.