Una protección que genera dudas 🤔
Manuel Adorni, ex jefe de gabinete y actual ex funcionario, sigue recibiendo protección policial incluso después de dejar su cargo. Aunque no tiene una orden judicial que lo ampare, desde el Ministerio de Seguridad decidieron mantenerle custodia hasta diciembre, con apoyo logístico de Gendarmería y policía federal cuando visita su casa en un country de Exaltación de la Cruz.
Este operativo, que incluye una custodia permanente y el uso de un vehículo oficial, no tiene respaldo judicial, sino que es una decisión política tomada a partir de un estudio de riesgo. Desde la cartera de Seguridad aseguran que la protección busca cuidar a los ex funcionarios salientes, pero en la Policía Federal algunos fuentes consideran que este tipo de custodia suele durar un máximo de un mes después de dejar el cargo.
¿Por qué Adorni sigue con protección? 🕵️♂️
Lo que llama la atención es que Adorni continúa usando el mismo vehículo oficial, una camioneta Toyota SW4 2022, cedida por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). Esta camioneta fue entregada en enero de 2025, cuando aún era ministro coordinador, y desde entonces la ha seguido usando, incluso después de su dimisión en junio pasado.
El costo de la custodia no fue revelado, pero se estima que cada agente recibe un pago mensual de unos 180 mil pesos, además de bonificaciones, y también se suma el uso del vehículo oficial. La protección, que en principio se pensó para un período corto, sigue vigente, manteniendo a Adorni escoltado por un grupo de entre 4 y 6 agentes en todo momento.
¿Qué dice la ley y las voces críticas? ⚖️
La situación no sólo genera suspicacias, sino que también ha sido cuestionada por algunos actores del ámbito policial y político. La diputada Marcela Pagano denunció que la custodia y el uso del vehículo oficial son una extensión irregular del beneficio, sin una orden judicial que lo justifique. Ella presentó fotos que muestran un vehículo de Gendarmería en los accesos a la casa del country, lo que alimenta la sospecha de un respaldo excesivo y desproporcionado.
Por su parte, desde la Policía Federal explicaron que la custodia para ex funcionarios suele durar aproximadamente un mes, y que en el caso de Adorni se sigue utilizando por decisión política y a la espera de una definición judicial. Sin embargo, fuentes policiales consultadas señalaron que mantener esa protección durante tanto tiempo puede ser considerado un exceso, sobre todo si no hay una causa concreta que lo justifique.
Los gastos y las declaraciones de Adorni 💰
El costo de la custodia y el operativo en sí no fue divulgado oficialmente, pero fuentes policiales estiman que cada agente gana unos 180 mil pesos mensuales, además de otros beneficios. Todo esto sumado al uso del vehículo oficial, que también implica gastos para el Estado.
Mientras tanto, Adorni continúa movilizándose en su camioneta y visitando su casa en el country, donde, según declaraciones del contratista que hizo las remodelaciones, le facturaron unos 250 mil dólares. El ex vocero ha declarado en la Justicia que gastó unos 175 mil dólares en esas obras, aunque algunos cuestionan esas cifras y afirman que la realidad sería otra.
¿Qué dice la Justicia y la política? ⚖️
Tras presentar su descargo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni justificó su aumento patrimonial usando una fortuna en bitcoins. La oposición y algunos sectores políticos criticaron duramente la protección que recibe, acusando que su situación no está clara y que la protección puede ser excesiva.
El vocero del gobierno, Adrián Ravier, afirmó que la situación de Adorni está en manos de la Justicia y que no harán comentarios adicionales hasta que ésta se pronuncie. Sin embargo, muchos miran con recelo la continuidad de la protección, considerando que la misma podría tener un trasfondo político o personal, más allá de las razones oficiales.
¿Qué sigue? 🔎
Por ahora, la protección a Manuel Adorni continúa hasta diciembre, y la polémica sobre si esta medida es necesaria o excesiva sigue abierta. La historia pone sobre la mesa cómo decisiones políticas pueden influir en la seguridad y en el uso de recursos públicos, generando cuestionamientos sobre los límites de la protección a ex funcionarios en Argentina.
