La realidad de las grandes empresas y las políticas económicas

En Argentina, las grandes empresas y las políticas del gobierno actual parecen estar en una especie de juego de espejos, donde las decisiones que se toman no siempre benefician a la mayoría. La situación muestra que, en realidad, muchas de las acciones de las empresas y del Estado están más enfocadas en sus propios beneficios que en resolver los problemas del país.

Por ejemplo, las grandes compañías están actuando en línea con ideas neoliberales, que priorizan la reducción del Estado, los salarios y los costos operativos para aumentar sus ganancias. Esto se traduce en que las únicas propuestas para impulsar el crecimiento económico sean recortes en la estructura gubernamental y en los gastos sociales, como salud, educación y defensa. La percepción de un superávit fiscal, que muchas veces se presenta como un éxito, en realidad se logra mediante ajustes permanentes en gastos que corresponden a funciones básicas del Estado, según advierten expertos y reportes internacionales como el FMI.

¿A quién benefician realmente las políticas?

Una de las medidas más polémicas es la reducción de impuestos a las grandes empresas, que en teoría busca incentivar inversiones. Sin embargo, esta estrategia termina generando un círculo vicioso: menos recaudación, menos inversión en el país, caída en la demanda y en la producción, y pérdida de empleos. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables y a la economía en general.

En cuanto a las políticas de incentivo a las inversiones, estas tienen limitaciones claras. Los programas existentes, como el RIGI y el Super RIGI, están diseñados con reglas muy específicas que dejan fuera a muchas empresas grandes y pequeñas. Por ejemplo, las inversiones mínimas requeridas para acceder a beneficios son altísimas, en dólares y millones, excluyendo a muchas compañías que podrían aportar al crecimiento si las reglas fueran más flexibles.

¿Qué diferencias hay entre los regímenes de incentivos?

El RIGI, que ya funciona desde hace unos años, se centra en proyectos energéticos, mineros y logísticos, y puede incluir industrias como la tecnológica o el turismo. En cambio, el Super RIGI, que se propone para el futuro, apunta a actividades de mayor valor agregado, como baterías de litio, semiconductores o inteligencia artificial, con inversiones mínimas mucho más altas — unos 11 mil millones de dólares— y beneficios fiscales mucho más profundos, como tasas de impuestos reducidas y amortización acelerada.

Otra diferencia importante es que el Super RIGI otorga beneficios desde el inicio del proyecto, mientras que en el RIGI estos beneficios se aplican tras un período de tiempo. Además, en el Super RIGI también se eliminan aranceles de importación y exportación en menos tiempo, buscando potenciar las actividades de frontera tecnológica.

¿Contradicciones en las políticas?

Sin embargo, resulta llamativo que mientras se impulsan estas inversiones de alta tecnología y valor agregado, el Estado recorta fondos en educación y ciencia, y busca cerrar instituciones como el INTI. Esto evidencia una contradicción: por un lado, se promueven proyectos para el desarrollo tecnológico, y por otro, se desfinancia la base que hace posible esa innovación.

El ajuste y las recomendaciones del FMI

El FMI, que suele asesorar en temas económicos, recomienda en su último informe seguir con más ajustes y reformas tributarias. Sugiere ampliar la base de contribuyentes del impuesto a las ganancias, eliminar exenciones y reducir impuestos distorsivos. Todo esto, en teoría, busca aumentar la recaudación en un 3,3% del PIB, pero en la práctica, implica más sacrificios para los sectores menos favorecidos y menos consumo, lo que termina afectando a toda la economía.

¿Qué pasa con los empleos y las industrias?

Los primeros años de gobierno de Milei trajeron consigo una pérdida importante de empleos: cerca de 300 mil puestos registrados desaparecieron, principalmente en construcción, industria y sector público. Además, el empleo informal aumentó y muchas empresas cerraron o se fueron del país. Esto impacta especialmente a mujeres, jóvenes y a quienes deben recurrir a múltiples trabajos para vivir.

La salida de multinacionales también evidencia la desconfianza en el futuro productivo del país. Empresas como ExxonMobil, Mercedes Benz, Telefónica y otras dejaron de producir o reducir su presencia en Argentina, reemplazando producción local por importaciones o cediendo marcas a empresas nacionales.

Propuestas para un cambio real

Frente a este panorama, diferentes grupos y sindicatos trabajan en propuestas para mejorar la situación. Una de las ideas principales es recuperar el rol del Estado como motor del desarrollo industrial y no solo como regulador. Plantean impulsar una política industrial que defienda a las empresas nacionales, promueva la inversión en sectores estratégicos como litio, energías renovables, y tecnologías avanzadas, y fomente el trabajo digno y con inclusión.

Entre las propuestas están fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad, y promover la capacitación técnica para adaptarse a la Industria 4.0. También consideran clave apostar por la justicia fiscal, con un sistema tributario más equitativo, y por una política energética que apoye a la industria y garantice tarifas competitivas.

¿Hacia dónde va el país?

El camino que se plantea con estas ideas busca dejar atrás un modelo que favorece solo a las grandes empresas y a los sectores más concentrados, y avanzar en una estrategia que ponga en el centro la producción, el trabajo y la inclusión social. La esperanza es que, con un programa consensuado y con políticas que prioricen la inversión productiva y la educación, Argentina pueda volver a poner en marcha su economía y cuidar a quienes más lo necesitan.