¿Por qué ahora es más difícil que un juez siga en su cargo después de los 75?

El Gobierno argentino acaba de hacer cambios importantes en la forma en que se otorgan las prórrogas a los jueces y juezas que cumplen 75 años. La idea es que estos procesos sean más transparentes, con controles más estrictos y menos posibilidades de que se prolonguen sin justificación.

Hasta ahora, cuando un magistrado alcanzaba esa edad, podía solicitar seguir en su cargo por cinco años más si el Poder Ejecutivo le otorgaba la prórroga. Pero en los últimos tiempos, algunos casos generaron polémica, como el del ex camarista Martín Irurzun. Este juez solicitó la prórroga y, tras ser rechazado por el presidente Javier Milei, llevó su caso a la Corte Suprema, lo que complicó aún más la situación.

¿Qué cambios trae la nueva normativa?

El Ministerio de Justicia publicó una resolución (la 384/2026) que modifica el procedimiento para conceder estas prórrogas. La idea es reducir las demoras y evitar que casos como el de Irurzun sigan generando conflictos. Ahora, los trámites serán más rápidos y con controles más exhaustivos.

Entre los puntos clave, se destaca que los jueces y fiscales deberán presentar toda la documentación necesaria con anticipación, al menos un año antes de cumplir los 75. Esto incluye su DNI, título universitario, una declaración jurada patrimonial y un certificado que acredite que no tienen sanciones, juicios políticos o procesos de remoción en trámite.

Además, la solicitud será publicada en el Boletín Oficial durante un día para que cualquier ciudadano pueda consultar el currículum del magistrado y verificar su estado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá cinco días hábiles para emitir un informe sobre las obligaciones tributarias y previsionales del juez o jueza.

¿Qué pasa después de presentar toda la documentación?

Una vez que toda la información esté en orden, el pedido pasa a una instancia de publicidad, donde será difundido para que la sociedad pueda estar informada. Luego, el presidente de la Nación decidirá si envía el pliego al Senado para que sea aprobado o no. Solo si el Senado da el visto bueno, el magistrado podrá seguir en su cargo por cinco años más.

¿Por qué se hicieron estos cambios?

El Gobierno argumenta que estas modificaciones buscan ordenar un sistema que estuvo atravesado por amparos, medidas cautelares y fallos contradictorios, que en algunos casos permitieron que jueces que ya habían llegado a la edad límite continuaran en sus cargos. La intención es que todo sea más transparente y que no haya dudas sobre quién sigue y quién no en los puestos judiciales.

El Ministerio de Justicia también resaltó que estos cambios simplifican los pasos burocráticos, en línea con otras reformas recientes para designar magistrados, fiscales y otros cargos importantes en el sistema judicial. La idea es que los procesos sean más ágiles y confiables.

¿Qué implica esto en la práctica?

Para los jueces y juezas, esto significa que no podrán iniciar su pedido de prórroga cerca del límite de edad. Tendrán que hacerlo con anticipación, y toda la revisión será más rigurosa. Además, el proceso ahora tiene un control fiscal más fuerte y una mayor transparencia pública.

Por ejemplo, en el caso del ex camarista Irurzun, si estas reglas hubieran estado en vigencia, su solicitud probablemente no habría llegado a estos niveles de conflicto. La intención del Gobierno es evitar que estos casos terminen en recursos ante la Corte y que el proceso quede en manos de la política, con decisiones más claras y previsibles.

¿Qué sigue ahora?

El presidente tiene la última palabra en estos casos. Cuando un juez o jueza solicita la prórroga, toda la documentación y los informes deben estar en orden para que el jefe de Estado pueda decidir si envía el pliego al Senado. La idea es que este proceso sea más controlado y menos propenso a maniobras o dilaciones.

En definitiva, estos cambios buscan hacer que la justicia en Argentina sea más transparente, eficiente y menos sujeta a conflictos políticos o judiciales que puedan afectar la confianza en el sistema.