El problema oculto detrás de la reforma laboral y la Justicia laboral en Argentina

Mientras el Gobierno mantiene en secreto los detalles de una futura reforma laboral que se presentaría en diciembre, hay un tema que está ganando protagonismo y que afecta a millones: la creciente cantidad de juicios laborales relacionados con riesgos del trabajo. Este problema, que por momentos parece pasar desapercibido, podría ser incluso más costoso para las empresas que los mismos despidos.

¿De qué se trata exactamente la litigiosidad laboral? 🏥

Para entenderlo, hay que mirar lo que pasa con las aseguradoras que cubren riesgos laborales, las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo). Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), para enero de 2026 se espera que se hayan acumulado cerca de 132 mil juicios por riesgos del trabajo. La mayoría de estos —el 90%— corresponden a enfermedades que no dejan secuelas permanentes, o sea, casos donde la persona está básicamente bien después del accidente.

La presidenta de la UART, Mara Betiol, explicó que estos juicios son en su mayoría por problemas como esguinces, dolores de espalda o lumbalgias. Casos que, tras un tratamiento, no dejan huella física ni secuelas duraderas. Sin embargo, en esos procesos legales, la situación se complica y genera conflictos que terminan en la Justicia.

¿Cómo funciona el sistema de ART? 🤔

Cuando un trabajador sufre un accidente o enferma por causa laboral, la ART evalúa su situación médica, determina la incapacidad y calcula cuánto debe pagar en indemnización. Para esto, intervienen comisiones médicas que establecen si hay alguna discapacidad y cuán grave es. Después, la aseguradora ofrece una compensación y, si el trabajador no está de acuerdo, puede ir a la Justicia.

Lo que debería ser una revisión objetiva, en la práctica, termina siendo un campo donde muchos jueces llaman a peritos que hacen sus propios informes, a veces sin seguir estrictamente los criterios médicos. Esto ha generado un fenómeno curioso: en muchos casos, cuando las Comisiones Médicas dicen que no hay discapacidad, la Justicia termina otorgando un porcentaje de incapacidad, muchas veces del 14% o más, en situaciones donde antes parecía no haber secuelas.

¿Por qué aparecen tantos juicios? ⚠️

Lo más llamativo es que los casos donde realmente hay discapacidad física o secuelas visibles, como la pérdida de un dedo o una mano, suelen resolverse sin juicios. Los conflictos surgen cuando las lesiones son menos evidentes y la evaluación del grado de discapacidad se vuelve más subjetiva.

Además, cada provincia en Argentina administra estos casos de forma diferente. La ley nacional de riesgos del trabajo, modificada en 2017, establece procedimientos claros, pero ninguna provincia creó los Cuerpos Médicos Forenses que deberían revisar estas evaluaciones, como exige la ley. Sin estos cuerpos, los jueces llaman a peritos que, en muchos casos, cobran honorarios basados en un porcentaje del monto del juicio, lo que puede incentivar la demora y el aumento de las incapacidades artificiales o exageradas.

Casos que llaman la atención 🚨

  • Un camionero a quien le reconocieron un 107% de discapacidad y le pagaron 300 millones de pesos.
  • Un trabajador que hacía motocross y se presentó a una audiencia con un cuello ortopédico, pero en redes sociales se mostraba en moto, y recibió un 39% de incapacidad.
  • Peritos judiciales que firmaron más de veinte informes mientras estaban en terapia intensiva.

El costo para las aseguradoras y para todos 🏦

Este descontrol en los juicios laborales termina encareciendo el costo para las aseguradoras, que a su vez transfieren esos gastos a las empresas y a los empleadores. Para pagar los costos habituales, las ART deberían cobrar una cuota del 2,19% del salario, pero en realidad están cobrando un 2,85%. Si la litigiosidad continúa creciendo, esa cifra debería subir a 3,35%, e incluso a un 5,15% si se ajustan los valores en función del riesgo futuro.

Por eso, en la UART proponen que los peritos forenses no tengan honorarios vinculados a los resultados. La idea es que exista un cuerpo médico forense oficial, con honorarios fijos y sin incentivos económicos por aumentar o disminuir discapacidades, para que las evaluaciones sean más objetivas y confiables.

Un problema que afecta a todo el sistema 🛑

Hoy, solo 23 ART tienen la responsabilidad de gestionar estas casi 132 mil causas. Cada una debe lidiar con unas 5.700 demandas en promedio, lo que sobrecarga a las aseguradoras y las obliga a gastar más recursos en la justicia que en la atención médica real.

En comparación, en España, donde la ley limita las indemnizaciones por incapacidad menor al 33%, la conflictividad judicial es diez veces menor. Esto muestra que el sistema argentino, con su alta litigiosidad, termina siendo muy costoso y poco efectivo.

¿Qué sigue? 🤷‍♂️

El debate está abierto y el problema no es menor. La falta de Cuerpos Médicos Forenses y las irregularidades en los informes judiciales complican aún más la situación. Mientras tanto, las aseguradoras y los empleadores soportan un peso cada vez mayor, que en última instancia, termina afectando a los trabajadores y a toda la economía laboral del país.