¿Qué pasó exactamente? 🤔

La historia empezó cuando una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Laura de Marinis, tomó una decisión que despertó mucho enojo en las autoridades locales. La jueza sobreseyó a un menor de 14 años en un caso donde ese chico había intentado robar un celular. Además, declaró que la baja en la edad de imputabilidad, que permite juzgar a los menores a partir de los 14 años, era inconstitucional en ese caso particular.

La reacción del gobierno 🏛️🔥

El gobierno porteño no estuvo para nada de acuerdo con esa decisión. El ministro de Justicia, Gabino Tapia, afirmó que quieren llevar el caso a un proceso de enjuiciamiento contra la jueza. ¿El objetivo? Que un jurado del Consejo de la Magistratura evalúe si la jueza cumplió con las reglas o si, por el contrario, actuó fuera de la ley. Y si fue así, que reciba las sanciones correspondientes, como una advertencia, suspensión o incluso su destitución.

«Hicimos un pedido de enjuiciamiento para que se analice si la jueza cumplió con la ley o no. La ley está para respetarla, y quien no la cumpla, debe tener consecuencias», explicó Tapia en una radio.

El fallo que generó polémica ⚖️

El viernes pasado, la Cámara Penal de la Ciudad revocó lo que había decidido la jueza. La jueza De Marinis había considerado que la baja de la edad de imputabilidad, que en Argentina es de 14 años, era inconstitucional en este caso específico. Por eso, lo sobreseyó del delito, algo que fue visto como un rechazo a esa ley por parte del gobierno.

El mismo día, Jorge Macri, un referente político de la ciudad, expresó su postura en redes sociales. Para él, lo ocurrido es un ejemplo de la necesidad de respetar la ley y no dejar que la justicia tenga un enfoque garantista, que, según su opinión, podría favorecer la impunidad.

«La ley debe cumplirse. Si quieren cambiarla, que vayan al Congreso», afirmó Macri.

¿Qué dice la jueza? 🗣️

Antes de que la Cámara revocara su decisión, Laura de Marinis defendió su actuación. Aseguró que su decisión no buscaba dar un mensaje de impunidad y que la causa del menor aún sigue en investigación. Además, remarcó que la ley de imputabilidad sigue vigente y que ella simplemente aplicó esa ley en su fallo.

«No se trata de un mensaje de impunidad. La causa sigue en curso y la ley se está aplicando para los adolescentes de 16 años», explicó la jueza.

¿Qué sigue? 🚦

Ahora, la situación está en manos del Consejo de la Magistratura. La intención del gobierno es que ese organismo evalúe si la jueza incumplió sus funciones y, en caso afirmativo, que reciba las sanciones correspondientes. La idea es que haya un control más estricto y que las decisiones judiciales respeten la ley.

Este caso pone en discusión un tema muy importante: cómo debe actuar la justicia ante casos con menores y qué límites deben tener los jueces a la hora de aplicar las leyes. La polémica todavía no se cierra y promete seguir en la agenda pública en los próximos días.