Un capítulo más en la pelea por el control y la transparencia

Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y reconocido militante ultra K, intentó en varias ocasiones que la justicia le diera la posibilidad de ser querellante en una causa que lo involucraba directamente. Pero su esfuerzo no prosperó: la Corte Suprema de Justicia desestimó su pedido, cerrándole la puerta para participar activamente en esa investigación.

¿De qué se trataba la denuncia de Nissen?

La denuncia de Nissen apuntaba contra nueve jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Lo acusaba de que estos magistrados estaban trabajando en forma sistemática para impedir que la IGJ, organismo del Estado que él dirigía, cumpliera con su función de control. Según su versión, los jueces buscaban favorecer a ciertos grupos de poder, impidiendo que el organismo de control fiscalizara actividades irregulares de sociedades, especialmente las off shore y las empresas fantasmas.

El ex funcionario afirmó que estos jueces estaban intentando “anular” las facultades del organismo, lo que, en su visión, equivalía a una verdadera usurpación de funciones y una violación a la Constitución Nacional. La denuncia también lo acusaba de tener intenciones de beneficiar a quienes operan en la clandestinidad, evadiendo controles y dejando en la sombra actividades que deberían ser transparentadas por ley.

Una denuncia que no avanzó

El intento de Nissen por convertirse en querellante en esta causa fue rechazado en todas las instancias judiciales. Cuando llevó el caso a la Corte Suprema, su pedido fue considerado inadmisible y, por lo tanto, fue desestimado. La decisión fue clara: el máximo tribunal no aceptó que Nissen participara como parte en la denuncia contra los jueces.

¿Por qué fue rechazado? La Corte argumentó que ya existía un desistimiento previo del organismo a cargo de Nissen en un caso similar, que implicaba pedirle a la justicia que obligue al Instituto Patria, la fundación de Cristina Fernández de Kirchner, a informar sobre sus gastos y socios. Debido a esa decisión, ya no era posible solicitar esa información, y el caso quedó archivado sin posibilidad de volver a cuestionar la transparencia del Instituto.

El trasfondo de la pelea

Este conflicto no es solo una disputa legal. Nissen, que fue parte del gobierno kirchnerista y también en el de Alberto Fernández, ha tenido una historia de enfrentamientos con algunos jueces y actores judiciales. En 2006, fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en 2014, fue designado por Cristina Fernández para ser juez de la Corte Suprema en un momento de tensión política.

Además, Nissen tiene vínculos con figuras del kirchnerismo, como ser abogado del empresario Mario Cifuentes y presidir la fundación FIDAS, que está vinculada a investigaciones sobre irregularidades en el manejo del dinero público, en particular en causas relacionadas con la familia del ex presidente Mauricio Macri.

La tensión con los jueces y el poder judicial

La denuncia de Nissen también reveló una fuerte tensión con los jueces de la Cámara en lo Comercial. Él acusó a estos magistrados de intentar frenar las facultades del organismo de control, lo cual, en su visión, sería un acto de abuso de autoridad y un incumplimiento de sus deberes públicos. La denuncia señalaba que estos jueces estaban actuando en contra de la división de poderes y de la Constitución, en una pelea que pone en juego la independencia del control estatal frente a intereses económicos y políticos.

Tras conocerse la denuncia, los jueces emitieron un comunicado en el que defendieron su independencia y aclararon que sus decisiones no pueden ser juzgadas por una autoridad administrativa. Recordaron que las decisiones judiciales solo pueden ser revisadas por los mecanismos previstos en la ley y que la autoridad de los jueces debe ser respetada para mantener el orden institucional.

¿Qué sigue?

Por ahora, la pelea sigue en los tribunales, pero con un dato clave: la Corte Suprema dejó en claro que no aceptará más recursos en esta causa, cerrando la puerta definitivamente a que Nissen pueda participar como querellante. Así, la justicia parece haber puesto un punto final a esta disputa que mezcla intereses políticos, control estatal y el poder judicial.

En medio de todo esto, la discusión sobre quién controla quién y cuánto debe rendir cuentas sigue abierta, dejando en evidencia que la lucha por la transparencia y la independencia del Estado todavía tiene mucho por recorrer.