¿Qué está pasando con la mansión en Pilar?

Una denuncia por posible lavado de dinero en torno a una mansión en Pilar, Buenos Aires, volvió a poner en el centro del escenario a figuras vinculadas al fútbol y a la política en Argentina. La acusación señala que Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), podría estar involucrado en una maniobra para ocultar la verdadera propiedad de una propiedad de lujo en Villa Rosa, Pilar.

¿De qué se trata la denuncia?

Todo empezó cuando la Coalición Cívica presentó una denuncia contra una mansión de más de 105 mil metros cuadrados, que está a nombre de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, a través de la empresa «Real Central S.R.L». La propiedad tiene todo: autos de colección, un haras con caballos árabes, una pista de entrenamiento, un helipuerto y múltiples instalaciones deportivas. Todo un complejo de lujo que, según los denunciantes, no sería coherente con los recursos económicos de sus supuestos dueños.

Lo llamativo es que ni Pantano ni Conte tienen antecedentes económicos que expliquen esa inversión: ella fue monotributista, recibió beneficios sociales y luego se jubiló; él estuvo en la misma situación, con deudas bancarias y vínculos con la AFA. Además, Pantano fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, y en 2022 asumió un cargo en un club de fútbol.

¿Por qué sospechan de Tapia?

Lo que llamó la atención es que la denuncia apunta a que los bienes y la mansión podrían estar vinculados o ser propiedad de Claudio Tapia, pese a que en los registros oficiales no aparece a su nombre. La denuncia sostiene que existen versiones públicas y rumores que indican esa posible conexión, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen de esos activos y cómo se adquirieron.

¿Qué pasa en la justicia?

El caso llegó a los tribunales de Comodoro Py, donde fue asignado al juzgado federal 6. Pero al revisar el expediente, el juez Javier López Biscayart decidió que no era competencia de la justicia penal común y devolvió la causa al juez federal Daniel Rafecas, quien originalmente había tomado la denuncia.

El problema es que Rafecas también consideró que la investigación debía hacerse en la justicia en lo Penal Económico, especializada en delitos económicos y lavado de dinero. Sin embargo, ese juzgado —que está a cargo del juez Marcelo Aguinsky— actualmente está vacante y en licencia, por lo que la causa quedó en un limbo judicial.

¿Y ahora qué?

La decisión final sobre quién debe investigar el caso todavía no está clara. Si Rafecas mantiene su postura, la disputa de competencia pasará a la Cámara Federal, que decidirá qué juez se hará cargo. Hasta entonces, la causa sigue sin un juez definido para avanzar con las investigaciones.

¿Por qué importa?

Este caso no solo pone en duda la transparencia en las finanzas de figuras públicas vinculadas al fútbol, sino que también revela cómo en Argentina aún existe la sospecha de que algunos bienes de lujo podrían estar ligados a actividades ilícitas y ocultamiento de patrimonio. La lucha por determinar quién debe investigar y cómo se tratan estos casos refleja las complejidades del sistema judicial y la importancia de la transparencia en la política y el deporte.

¿Qué sigue?

Por ahora, todo está en espera. La causa podría seguir en manos del juzgado de Rafecas si mantiene su postura, o seguir el camino hacia la Cámara Federal para que decidan quién tiene la autoridad para investigar. Lo que sí está claro es que la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero siguen siendo temas centrales en la agenda pública.