¿Qué está en juego con las rutas más transitadas de la provincia?

En medio de una tensión política enorme, un plan para arreglar más de 1.300 kilómetros de rutas en Buenos Aires podría quedar en pausa. La inversión es millonaria: más de 170 mil millones de pesos, y el objetivo es mejorar caminos que todos los días usan millones de personas. Pero las diferencias entre el gobierno nacional y el provincial están complicando todo y podrían hacer que estas obras se demoren o incluso no se hagan.

¿De qué se trata la licitación para las rutas nacionales? 🚦

En febrero, el Gobierno Nacional lanzó un llamado a licitación para concesionar unos 2.500 kilómetros de rutas en varias provincias, incluyendo Buenos Aires. La idea era privatizar parte de la gestión de estos caminos, con el fin de mejorar su mantenimiento y funcionamiento. La licitación quedó registrada en una resolución oficial y abarcaba tramos clave en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La jugada de Kicillof: poner a su empresa estatal en la cancha 🏢

El gobernador Axel Kicillof no quiso quedarse afuera y presentó a Aubasa, la empresa estatal que ya administra casi 1.000 kilómetros de autopistas y rutas en la provincia, como una de las oferentes. La idea es que si ganan, la provincia pueda seguir gestionando esas rutas, pero con una versión renovada de Aubasa, que sería como una nueva empresa llamada «Aubasa II».

El argumento de Kicillof fue que el Estado no se retira de su rol de mantener la infraestructura y que esta jugada también busca que la provincia tenga control y pueda asegurar obras para sus ciudadanos. Sin embargo, esto generó rechazo en el gobierno nacional y en algunos sectores económicos, que creen que una firma estatal no debería participar de estas concesiones.

¿Por qué pelean por estas rutas? 💥

El tema no es solo técnico. La disputa refleja una pelea política más grande, que tiene que ver con quién controla los recursos y las obras públicas en la Argentina. Desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aseguran que no sería conveniente que una empresa estatal tenga a cargo estas concesiones, porque esto va en contra de la idea de promover inversión privada y cuidar los recursos del país.

Por su parte, en la provincia sostienen que Aubasa cumple con todos los requisitos y que tiene experiencia, además de un buen historial en el mantenimiento y mejoras de las rutas que administra. La provincia denuncia que en medio del proceso, el Gobierno nacional modificó varias reglas de la licitación en pocos días, sin consultar a los interesados, y eso complicó la presentación de ofertas en los tiempos previstos.

¿Qué cambios se hicieron y qué reclaman?

Entre diciembre y febrero, las autoridades nacionales emitieron al menos cuatro circulares que alteraron las condiciones originales del concurso. La provincia afirma que estas modificaciones, hechas sin aviso previo, cambiaron las exigencias técnicas y económicas en un momento en que las empresas ya estaban preparando sus propuestas. Desde Kicillof y su equipo consideran que esto no fue transparente y que podría haber intenciones de favorecer a ciertos grupos económicos.

Para tratar de mantener transparencia, la provincia pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar que todo se haga de manera justa y sin favoritismos. Además, buscan que un árbitro imparcial supervise el proceso y evite que la política o intereses económicos desvíen la licitación.

¿Qué sigue en esta pelea? 🚧🤔

En la Gobernación creen que esta disputa forma parte del contexto de hostilidad política y económica que ejerce el gobierno de Javier Milei, quien desde hace meses muestra una postura muy distinta a la de Kicillof. Mientras tanto, la propuesta de la provincia es que Aubasa, con toda su experiencia y capacidad, sea la encargada de gestionar las rutas, poniendo en duda la conveniencia de que el Estado nacional siga poniendo obstáculos a una gestión que, hasta ahora, ha funcionado bien.

El conflicto todavía no tiene una resolución clara, pero lo que está en juego es mucho más que unos kilómetros de caminos. Se trata del control sobre recursos y obras que impactan en la vida diaria de millones de bonaerenses. La decisión final podría definir cómo se gestionarán esas rutas en los próximos años y si las obras que tanto se necesitan finalmente se harán o se seguirán postergando.