Un juicio que podría cambiar todo
El próximo lunes, en la sede del Tribunal Oral Federal 5 en Comodoro Py, se conocerá la sentencia definitiva sobre uno de los casos más resonados en Argentina en los últimos años: el juicio por el desvío de fondos del programa de viviendas Sueños Compartidos. Lo que en realidad está en juego no es solo una cifra millonaria, sino la transparencia y el destino de recursos destinados a quienes más lo necesitan.
¿De qué va todo esto? 🏚️💸
El caso involucra a varias figuras públicas y ex funcionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Todos están acusados de haber malversado unos 206 millones de pesos, parte de los cerca de 900 millones que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 para construir viviendas sociales en diferentes provincias y municipios del país.
El programa buscaba mejorar la vida de muchas familias, pero la justicia señala que muchas de esas casas nunca se terminaron ni se entregaron, y que los empleados del proyecto no cobraron sus sueldos ni les hicieron los aportes correspondientes. Además, hay un segundo tramo de la causa que apunta al lavado de dinero, ya que parte del dinero desviado habría terminado en empresas a nombre de los propios hermanos Schoklender.
¿Qué dijeron los acusados? 🗣️
Este viernes, los últimos acusados tuvieron la oportunidad de hablar ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Algunos decidieron no hablar, como José López, que está en la cárcel federal de Ezeiza, y Julio De Vido, que cumple con prisión domiciliaria. Otros, en cambio, aprovecharon para defender su posición.
Uno de los que habló fue Sergio Schoklender. En su declaración, calificó de «loca» a la ex presidenta Cristina Kirchner, en referencia a una declaración de ella en la que afirmaba que la historia la iba a absolver. Pero Schoklender también defendió el proyecto y aseguró que, más allá del resultado del juicio, lo importante era que había quedado registrado el valor del trabajo que hicieron para cambiar vidas.
Por su parte, otros exfuncionarios y acusados que todavía tienen que dar su última palabra son Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Después de sus discursos, los jueces anunciarán cuándo será la lectura del veredicto.
¿Qué dicen las voces oficiales? 📝
El juicio comenzó en marzo pasado y, tras seis meses de debate, el fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron condenas para todos los acusados. La acusación principal sostiene que se trató de una administración fraudulenta agravada, un delito que se cometió contra la administración pública.
Los fiscales solicitaron penas de entre cuatro y seis años de prisión para los acusados, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para quienes fueron funcionarios. También propusieron el decomiso de bienes por unos 206 millones de pesos, dinero que, si se confirma la condena, debería destinarse a programas de viviendas sociales.
Las defensas, en cambio, argumentaron que la causa está prescripta y pidieron la absolución total de sus clientes.
¿Qué pasó con Sueños Compartidos? 🏘️
El programa, que fue gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sus hermanos Schoklender, se aplicó en varias ciudades y provincias, incluyendo Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. La idea era construir viviendas para familias necesitadas, pero muchas de esas casas nunca se construyeron y los empleados no recibieron sus pagos.
Hebe de Bonafini, quien fue la máxima autoridad de la organización, también está en el centro de la investigación y falleció en 2022.
El caso no solo involucra el posible desvío de dinero, sino también una supuesta trama de lavado de dinero, en la que parte del dinero desviado habría terminado en empresas a nombre de los hermanos Schoklender. La justicia busca aclarar si hubo un esquema criminal organizado desde el Estado y en connivencia con responsables del proyecto.
¿Qué sigue? 🔜
El lunes se conocerá la decisión definitiva. La expectativa está puesta en si los jueces considerarán culpables o inocentes a los acusados, y qué penas podrían recibir. La sentencia marcará un precedente importante sobre cómo se manejan los fondos públicos en Argentina y hasta qué punto se puede confiar en los procesos de obras sociales y programas de vivienda.
Este juicio no solo es un proceso legal, sino también un reflejo de las luchas por la transparencia y la justicia social en un país que todavía enfrenta desafíos en ese campo.




