Un fallo que generó revuelo en la provincia

En la provincia de Buenos Aires, una decisión judicial puso en jaque a una jueza de Menores, Marta Pascual. La magistrada dictó una resolución que suspendió por 60 días la aplicación de una ley nacional que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta medida, que busca modificar cómo se juzga a los adolescentes en delitos graves, fue interpretada por algunos sectores como una interferencia en las funciones del Estado, y ya hay quienes hablan de un posible juicio político contra Pascual.

¿Qué pasó exactamente? 🤔

El 7 de septiembre, Pascual emitió una medida cautelar en el marco de una causa relacionada con la protección de menores en Lomas de Zamora. Allí, la jueza decidió suspender la implementación de la ley que, desde hace unos meses, regula cómo se trata a los adolescentes que cometen delitos graves. La ley en cuestión establece que a partir de los 14 años los jóvenes pueden ser imputados y, en algunos casos, privados de libertad. Pero Pascual consideró que esa norma no podía aplicarse en su jurisdicción sin un análisis previo de fondo.

La reacción política y legal 🚨

La resolución generó una fuerte respuesta en el ámbito político. El diputado provincial Manuel Passaglia, del partido Hechos, y el senador Guillermo Montenegro, del PRO, presentaron denuncias para iniciar un juicio político contra la jueza. Además, un abogado bonaerense, Alfredo Drocchi, también se sumó a las denuncias, que acusan a Pascual de mal desempeño y extralimitación en sus funciones.

Lo que molesta a los denunciantes es que la jueza paralizó en toda la provincia una ley sancionada por el Congreso, sin resolver primero si esa ley era constitucional. Además, consideran que su decisión invadió la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que no fundamentó adecuadamente su resolución, basándose solo en unas inspecciones a un centro socioeducativo en Lomas de Zamora y hechos conocidos públicamente, sin pruebas estadísticas ni análisis de medidas menos restrictivas.

¿Qué dicen los que están en contra? 🚫

Desde el lado de quienes quieren que la ley se aplique sin cambios, se acusa a Pascual de hacer un «mal desempeño» y de actuar en complicidad con el gobierno de Axel Kicillof. El ex intendente de Mar del Plata y ex juez federal Guillermo Montenegro, por ejemplo, dijo que la jueza hizo una «extracción funcional» al paralizar toda la ley y que su medida fue una forma de invadir la competencia de la justicia nacional.

Por su parte, Passaglia afirmó que Pascual no hizo nada para adaptar la sistema penitenciario a la nueva ley y que, por eso, debería ser destituida. La idea es que la jueza habría excedido sus funciones al dictar una medida de alcance general sin un análisis profundo de la constitucionalidad, solo basándose en el estado del centro socioeducativo de Lomas.

¿Qué sigue? ⚖️

El proceso para enjuiciar a Pascual ya arrancó en la Secretaría de Enjuiciamiento del Senado bonaerense, que depende de la Comisión de Enjuiciamiento. Allí, los denunciantes deberán presentarse para ratificar sus acusaciones, y en unos días se decidirá si avanzan o no. Si deciden seguir, la causa pasa a la Procuración General y a la misma Comisión, que evaluarán si hay méritos para un juicio político.

El paso final sería un jury, donde se decide si la jueza puede seguir en su cargo o si debe ser sancionada, suspendida o incluso destituida. Todo esto en medio de una disputa que combina lo jurídico con lo político, y en la que la ley y la justicia parecen estar en el centro de una batalla que aún no tiene un final claro.

¿Y qué dice Pascual? 🤷‍♀️

La jueza, que fue funcionaria del gobierno de Duhalde y recibió un título Honoris Causa de la Universidad de Almirante Brown, sostiene que su decisión fue para proteger derechos humanos y que actuó dentro de la ley. En su momento, explicó que su intervención fue tras una denuncia de la ONG que dirige el Padre Pepe, buscando evitar que menores fueran recluidos en centros que no cumplían con los estándares adecuados.

Mientras tanto, la polémica sigue en marcha, y la lucha por definir quién tiene la razón en este caso todavía está lejos de terminar.