¿Qué pasa con la Verificación Técnica Vehicular en Buenos Aires? 🔍
Un ex ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D`Onofrio, está en el centro de un escándalo que sacude al mundo de las concesiones de servicios en la provincia. ¿La razón? Se lo acusa de estar involucrado en maniobras ilegales relacionadas con el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y otras irregularidades en la gestión de multas y cobros en las rutas.
¿De qué lo acusan? 🕵️♂️
El fiscal que investiga el caso señala que D`Onofrio habría dirigido el proceso de licitación para adjudicar las empresas encargadas de realizar las revisiones de los autos en Buenos Aires. Según la acusación, el proceso no fue del todo transparente y favoreció a ocho empresas específicas que se quedaron con las concesiones en 2024.
Además, se habla de una posible red de abogados y funcionarios que cobraban coimas a cambio de reducir o eliminar multas captadas en las rutas. Todo esto, presuntamente, formaba parte de un esquema mucho más grande de corrupción que habría involucrado a diferentes actores del sistema.
¿Cómo funcionaba esta supuesta maniobra? ⚙️
El fiscal sostiene que las concesionarias de las revisiones de autos pagaban a una empresa llamada Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. un porcentaje de sus ingresos —que iba del 3% al 8,5%— a cambio de que esta empresa les gestionara los turnos online para las revisiones. Pero aquí no termina la cosa: se sospecha que esa misma empresa sería un intermediario para cobrar coimas a las concesionarias.
El dinero que se movería en todo el esquema sería enorme: se calcula que, en diez años, podrían haberse desviado unos 4.900 millones de pesos. Solo en los primeros meses de este año, la comisión que recibe la empresa pasó del 3,5% al 8%, aumentando aún más las ganancias ilícitas.
¿Cuánto paga un conductor? 💰
Quienes llevan su auto a la VTV en Buenos Aires deben pagar un mínimo de 2.500 pesos por la revisión, y en algunos casos, hasta 11.000 pesos si se trata de vehículos de transporte más grande. La plataforma online que gestionaba los turnos se quedó con una parte importante del dinero, generando dudas sobre si todo ese proceso era transparente y legal.
¿Qué dice D`Onofrio? ✍️
El ex ministro, que dejó su cargo en diciembre pasado, presentó un documento de 25 páginas en la fiscalía para defenderse. Asegura que todo el proceso de licitación fue legal y transparente, y que la tecnología que implementaron para mejorar el sistema de turnos y cobros era necesaria. Además, negó haber tenido vínculos previos con Sebastián Decio, el dueño de la empresa que gestionaba los turnos en línea.
El ex funcionario también justificó la contratación de esa empresa, diciendo que era la opción más económica y que permitía mejorar la tecnología del sistema. Asegura que la gestión de turnos, cobros y trazabilidad del sistema VTV en la provincia es muy diferente a un sistema básico y que no hay irregularidades en su gestión.
¿Qué sigue en la investigación? 🔜
En los próximos días, se espera la declaración de siete empresarios que tienen licencias para hacer las revisiones de autos en diferentes zonas de Buenos Aires. Entre ellos están los presidentes de varias empresas, como Sistema Integral del Automóvil, VTV Sud, Carpes All, SGS Argentina, VTV Norte, Applus Iteuve Argentina y VTV Noroeste. También está citado Sebastián Decio, el dueño de la empresa de turnos online.
Por otro lado, la causa en la justicia federal también tiene otra vertiente: se investiga a D`Onofrio por lavado de activos. En esa causa, el juez ordenó un embargo por 350 millones de pesos y procesó a Facundo Asensio, ex director de fiscalización del área, por su posible participación en el mismo esquema ilícito.
¿Qué implica todo esto? 🤔
Este caso revela cómo, en algunos casos, las concesiones públicas pueden ser aprovechadas para hacer negocios ilegales. La denuncia pone en duda la transparencia del sistema de revisión vehicular en Buenos Aires y muestra cómo la corrupción puede infiltrarse en áreas que parecen simples, como la revisión técnica de autos.
Por ahora, la investigación sigue en marcha y se esperan más declaraciones y pruebas que puedan esclarecer si hubo o no un delito grave en la gestión de estos servicios. Lo que está claro es que, si se confirman las acusaciones, sería un golpe duro para la confianza en los procesos públicos y las instituciones del Estado.
