¿Qué está pasando con la obra pública en el conurbano?

Un nuevo capítulo en la investigación sobre corrupción en obras públicas sacude la política y la justicia en la provincia de Buenos Aires. Víctor Donadio, empresario y ex cuñado de Martín Insaurralde, fue procesado por presuntas irregularidades en la construcción de una ruta provincial, en un caso que revela cómo algunas obras podrían estar siendo usadas para beneficios personales y políticos.

¿Quién es Víctor Donadio y qué le imputan?

Donadio es dueño de la constructora DOIO y está en el centro de la escena judicial por una serie de acusaciones que lo vinculan con un sistema de adjudicaciones favorecidas y obras de mala calidad. La causa principal apunta a la pavimentación de la Ruta Provincial 16, un trabajo financiado con fondos nacionales por más de 57 millones de pesos.

El juez federal Luis Armella lo procesó por administración fraudulenta y le trabó un embargo millonario de 20 mil millones de pesos. Además, Donadio tiene prohibido salir del país, en una causa que también involucra al ex intendente de Presidente Perón, Alfonso Regueiro, y otros ex funcionarios y empresarios.

¿Qué salió a la luz en la investigación?

Según la justicia, la licitación de la obra fue dirigida para beneficiar a DOIO, que ejecutó trabajos de menor calidad y certificó tareas que nunca realizó. La obra, que debía ser una ruta pavimentada, quedó en pésimo estado y tuvo que ser reconstruida pocos años después de su finalización.

El magistrado Armella describió a Donadio como la pieza clave en un esquema donde la empresa ajustó su oferta para aprovecharse del presupuesto, que ya incluía sobreprecios. Luego, cobró por trabajos inexistentes, como movimientos de tierra y construcciones que nunca se hicieron. Además, se detectó que la firma utilizó materiales de peor calidad para reducir costos, lo que aceleró el deterioro de la obra.

¿Qué revela esto sobre el sistema de licitaciones?

La investigación señala que todo el proceso estuvo manipulado desde el principio. La licitación fue direccionada para que DOIO fuera la elegida, a pesar de que no tenía la capacidad técnica ni económica para afrontar esa obra. La ejecución, además, fue supervisada solo en forma formal, sin controles efectivos, lo que permitió que la obra se realizara de manera deficiente y sin utilidad para el Estado.

El proceso también involucra a Regueiro, quien como autoridad política del municipio, firmó decretos que facilitaron el favorecimiento a la empresa. La justicia sostiene que fue parte activa en la aprobación y firma de las decisiones que permitieron que DOIO se quedara con la obra.

¿Y qué pasa con Insaurralde y su vínculo con todo esto? 🤔

La causa también tiene un toque político. Víctor Donadio estuvo casado con la hermana del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y participaba en reuniones del oficialismo local. Los investigadores sospechan que podría haber sido uno de los testaferros del ex funcionario, en un esquema que se expandió cuando Insaurralde creció en poder y empezó a gestionar más obras en su municipio, Lomas de Zamora.

Antes de involucrarse en otras localidades, DOIO ya había firmado al menos doce contratos en Lomas, construyendo desde centros culturales hasta edificios municipales y cuarteles de bomberos. La relación con Insaurralde, además, aparece en otro capítulo de la causa: la empresa también adquirió los terrenos donde luego se construyó la mansión del ex intendente en San Vicente, que ahora está bajo investigación judicial.

¿Qué sigue en la causa y qué significa esto?

El expediente por la llamada «Ruta de las Latas» estuvo parado por ocho años, pero en 2025 la Cámara Federal de La Plata revocó una resolución que cerraba la causa y pidió seguir investigando. Ahora, el caso pasa a manos del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien deberá profundizar en las irregularidades y determinar responsabilidades.

Este proceso revela cómo, en algunos casos, la corrupción en obras públicas puede estar estrechamente vinculada con intereses políticos y económicos, afectando no solo el dinero público, sino también la calidad de las obras y la confianza en las instituciones.

¿Qué nos deja esta historia?

Más allá del proceso judicial, este caso pone en evidencia la necesidad de fiscalizar y transparentar las licitaciones y ejecuciones de obras públicas. La confianza en las instituciones y en quienes gestionan los recursos del Estado es fundamental para que la infraestructura y los servicios públicos beneficien a toda la comunidad.