Un largo camino de corrupción que salió a la luz
En Argentina, un caso que involucra a ex funcionarios, empresarios y políticos está sacudiendo la escena judicial y política. Se trata de un entramado de corrupción en la obra pública, conocido como Vialidad II, que revela cómo se desviaron millones de pesos durante más de una década.
¿De qué se trata exactamente?
Este expediente es una continuación de una causa mayor, que terminó con la condena a Cristina Fernández de Kirchner en 2025, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta. La ex presidenta fue sentenciada por facilitar, junto a otros acusados, la asignación irregular de obras viales en Santa Cruz, una provincia clave en su historia política.
Este nuevo juicio, que comenzó recientemente en el Tribunal Oral Federal 2, apunta a investigar cómo funcionó la estructura delictiva en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La acusación sostiene que, desde el Estado y en complicidad con empresarios, se formó una organización criminal que se encargó de desviar fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez, uno de los principales beneficiados.
El modo en que operaba la corrupción 🛣️
Según lo que se ha logrado reconstruir, entre 2003 y 2015, en plena era kirchnerista, se entregaron más de 46 mil millones de pesos en obras viales en Santa Cruz. La maniobra principal consistió en que el Estado adjudicó casi el 86% de esas obras a las empresas vinculadas a Báez, sin que se realizaran realmente o con avances menores a los certificados de obra.
La estructura del delito era compleja. Funcionarios de la DNV, como Sergio Passacantando, Sandro Férgola y Jorge Gregorutti, junto a otros, se encargaban de gestionar y aprobar estas asignaciones, con la complicidad del Subadministrador General. También participaron gerentes y responsables de control, quienes permitieron que las obras avanzaran sin la supervisión adecuada, beneficiando a Báez y a sus socios comerciales.
¿Cómo se llevó a cabo el fraude?
El esquema incluía la manipulación de expedientes administrativos, la falta de control en las obras y pagos injustificados. La idea era que estas empresas, en realidad beneficiadas por una red de complicidades, cobraran por trabajos que no se realizaban o con avances menores a los declarados, generando un daño patrimonial millonario para el Estado.
Uno de los puntos clave fue el Distrito 23°, ubicado en Santa Cruz, que debía controlar y supervisar las obras. Sin embargo, en la práctica, funcionó para favorecer a Báez y sellar acuerdos comerciales con la familia Kirchner, creando un circuito de beneficios para todos los involucrados.
El proceso judicial y su impacto ⚖️
Luego de la primera audiencia, en la que el tribunal leyó la acusación, se formalizó la elevación a juicio del caso. El fiscal Gerardo Pollicita detalló cómo se formó una organización ilícita con un objetivo claro: apropiarse de fondos públicos mediante mecanismos ilegales en la obra pública.
El proceso también involucra a funcionarios provinciales que facilitaron la estructura de beneficios, además de empresarios vinculados a Báez. El juicio busca esclarecer las responsabilidades individuales y colectivas, así como determinar cómo operaba esta red delictiva en distintas fases del circuito administrativo de las obras viales en Santa Cruz.
¿Por qué es importante?
Este caso no solo revela cómo se desviaron fondos públicos durante años, sino que también pone en evidencia las conexiones entre política y negocios en Argentina. La causa demuestra cómo una estructura criminal operó en la sombra, favoreciendo a ciertos empresarios y a figuras políticas, en perjuicio de toda la sociedad.
Por ahora, la justicia continúa investigando y juzgando a los responsables, en un proceso que busca hacer justicia y devolver lo que se apropiaron indebidamente. La trama aún tiene muchas aristas por esclarecer, pero lo claro es que la corrupción en la obra pública quedó al descubierto y está en la mira de la justicia.
