¿Qué pasó?

Un juez federal de Rosario, Gastón Salmain, fue procesado por la Justicia por un caso que sacudió la escena judicial y política de la ciudad. La acusación apunta a que en 2023 dictó una sentencia a favor de una empresa para que pudiera comprar dólares al precio oficial, pero todo fue parte de una maniobra ilegal en la que habría recibido una coima de 200 mil dólares que nunca pudo cobrar.

¿Cuál fue la maniobra?

El juez Salmain dictó un fallo en favor de una empresa llamada Atila, vinculada a las mutuales de Fernando Whpei, un financista con antecedentes en la justicia y la política. La empresa necesitaba comprar dólares oficiales para evitar un embargo en pesos y así poder mover fondos al exterior. Para lograrlo, Salmain autorizó la operación, pero la historia no termina ahí.

Lo que ocurrió después revela que todo fue parte de un acuerdo ilegal. Fernando Whpei, quien se convirtió en arrepentido, explicó que la maniobra consistía en manipular un expediente judicial para facilitar la salida de dinero del país. En concreto, el juez habría llegado a un acuerdo con Whpei y Santiago Busaniche, un escribano con fuertes vínculos en la política y la justicia, para que se autorizara la transferencia de más de diez millones de dólares a cuentas en el exterior.

¿Cómo funcionaba el negocio? 💸

Según la declaración del arrepentido, la idea era aprovechar la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo (el blue). La coima que se pactaba era del 10% sobre esa diferencia, que en ese momento era grande. La primera transferencia, de unos 1.128.850 dólares, se realizó en diciembre de 2023. Pero justo unos días después, el presidente Javier Milei devaluó y redujo esa diferencia, lo que afectó la ganancia esperada.

El resultado fue que la compañía solo pudo cobrar unos 19 mil dólares en esa operación, en lugar del monto que se había pensado. Whpei contó que la coima era de unos 200 mil dólares, pero la devaluación le jugó en contra y la operación no salió como esperaban.

¿Qué dice la justicia? ⚖️

El juez Carlos Vera Barros, que lleva la causa, procesó a Salmain por delitos como incumplimiento de deberes, prevaricato y cohecho pasivo agravado. La decisión fue con prisión preventiva, pero no puede ser arrestado todavía por los fueros que le protegen como juez. También fueron procesados Whpei y Busaniche, quienes participaron en la maniobra y aportaron detalles clave.

La justicia analizó el testimonio de Whpei, quien pudo demostrar con registros telefónicos y llamadas que las reuniones y acuerdos que mencionó realmente ocurrieron. Además, las resoluciones dictadas por Salmain también respaldan la sospecha de que hubo manipulación judicial.

Otros problemas para Salmain y el sistema ⚠️

El juez Salmain no solo está en la mira por este caso, sino que también enfrenta otras causas. Se lo investiga por haber llamado a un jefe policial durante un allanamiento y pedirle que le envíe toda la causa en su contra, además de haber quedado con causas previsionales en otro juzgado y ordenar pagos acelerados en el Banco Nación.

Por su parte, Fernando Whpei tiene un pasado oscuro en la justicia: en 2002 fue expulsado por la Corte Suprema de Justicia por ofrecer sobornos para direccionar causas. Actualmente, está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, que podría enviarlo a un juicio político y quitarle los fueros para que pueda ser detenido. Además, en su inscripción para ser juez mintió sobre su pasado, no contando que en 2002 había sido expulsado.

Un sistema en crisis y vínculos peligrosos 🔍

Este caso revela cómo algunos actores de la justicia y la política pueden estar ligados en maniobras ilegales que afectan la confianza en las instituciones. La existencia de vínculos entre jueces, financistas y operadores que manipulan causas judiciales muestra la necesidad de mayor control y transparencia en el sistema judicial argentino.

Mientras tanto, la investigación continúa, y la justicia busca esclarecer si hubo un entramado más grande detrás de estas maniobras que, de confirmarse, podrían tener graves consecuencias para la credibilidad del sistema judicial en Rosario y en todo el país.