¿Qué pasó? La trama que sacudió la justicia y el mundo político

Una causa judicial que involucra hackeos, espionaje ilegal y vínculos con figuras políticas sacó a la luz una red criminal que operaba contra ministros de la Corte Suprema y otros funcionarios judiciales. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el procesamiento de varios acusados, entre ellos un hacker misionero y un ex policía federal, en un caso que muestra cómo se manipulan datos sensibles en un contexto de alta tensión política.

Los protagonistas y sus roles 🎯

En el centro de la polémica están Ezequiel Nuñes Pinheiro, conocido como el hacker, Ariel Zanchetta, un ex policía federal y agente inorgánico de la AFI, y Tomás Hválica, un joven que creó la web Dark PFA. Estos tres son acusados de formar parte de una organización ilícita dedicada a recopilar información personal, patrimonial y migratoria de altos funcionarios judiciales y políticos.

Además, Zanchetta, que también se comunicaba con Rodolfo Tailhade, diputado cercano a Cristina Kirchner, fue clave en la investigación. Tailhade, en varias ocasiones, avisaba a periodistas K cuando los datos salían a la luz en la web Dark PFA, que funcionaba como un centro de recopilación y venta de información ilegal.

¿Qué hicieron exactamente? 🚨

La investigación señala que la organización llevaba a cabo acciones coordinadas desde febrero de 2022 hasta mayo de 2023. Entre las maniobras, estaban la obtención ilícita de datos, el control de líneas telefónicas mediante el método conocido como «sim swapping» (cambiar la tarjeta SIM de los teléfonos de las víctimas) y el acceso no autorizado a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Facebook.

Se logró tomar el control de los teléfonos de varios jueces y funcionarios, incluyendo a magistrados de la Corte y de la Cámara Federal de Casación Penal. Desde esas líneas, los hackers podían acceder a información sensible y también realizar solicitudes indebidas de dinero, como en el caso del juez Giménez Uriburu, a quien le pidieron transferencias a través de una cuenta de Mercado Pago.

El sitio Dark PFA y sus operaciones 💻

Dark PFA no era solo un sitio web más: desde allí se vendía y se ofrecía acceso a bases de datos de la Policía, del Registro Nacional de las Personas y otras entidades públicas y privadas. Los responsables de la web tenían usuarios en Telegram con nombres como @pr1sox, @pibetranki, @boludeada y @akaxspirit. Había incluso venta de datos y accesos, y también se relacionaba con delitos como el «carding», que consiste en el uso no autorizado de tarjetas de crédito.

El creador del sitio, Hválica, permitía el acceso ilimitado a la base de datos a través de su plataforma y facilitaba la venta de información. En su declaración, explicó que su usuario en Telegram, “Pr1sox”, le regaló una cuenta con créditos ilimitados para buscar datos, a cambio de ayuda en recuperar líneas telefónicas.

¿Y quiénes estaban detrás? Las conexiones políticas 🔗

La investigación también encontró que Zanchetta solicitaba informes a empresas como SudamericaData, en busca de información de varios jueces y políticos, incluyendo a jueces de Casación y ministros de la Corte. Además, se detectaron comunicaciones con Fabián “Conu” Rodríguez, un ex funcionario de la AFIP y miembro de La Cámpora, quien habría recibido encargos y objetivos específicos, como la relación con Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social.

Rodríguez intentó evadir a la policía en varias ocasiones, pero fue procesado y se presentó días después en los tribunales con sus dispositivos. La causa aún busca esclarecer quién ordenaba y pagaba por estos hackeos, ya que, hasta ahora, esa parte del rompecabezas sigue sin responderse.

¿Cuál es el panorama actual? ⚖️

El juez De Giorgi ordenó la indagatoria de los implicados, entre ellos Nuñes Pinheiro, Zanchetta y Hválica. La causa sigue abierta y apunta a desentrañar toda la red, incluyendo a posibles miembros aún no identificados. Lo que quedó claro es que la operación no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal establecida para espiar y manipular información de magistrados y funcionarios.

El caso revela cómo las tecnologías y la informática pueden usarse para fines ilícitos en un escenario político y judicial delicado. La Justicia sigue investigando quiénes estaban detrás y qué intereses buscaban proteger o dañar con estos hackeos y filtraciones.