Un funcionario de la OA con conexiones peligrosas
En medio de un escenario que parecía centrado en luchar contra la corrupción, surgieron nuevos detalles que complican aún más la imagen del Gobierno Nacional. Camilo Cordero Fabbri, un funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA), está siendo señalado por su vínculo con un condenado por proxenetismo y con una banda de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
¿Quién es Cordero Fabbri? 👀
El funcionario en cuestión ocupa el cargo de coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias en la OA, un organismo que depende del Ministerio de Justicia. Sin embargo, su nombre aparece en medio de una causa judicial que investiga irregularidades en la distribución de medicamentos en el sector público.
El allanamiento y los hallazgos 🚓
Todo comenzó a principios de octubre, cuando la Policía Federal allanó la casa de Miguel Ángel Calvete, un hombre condenado a cuatro años de prisión por proxenetismo. La casa, ubicada en la calle Defensa al 1300, fue registrada tras una orden del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.
Durante el operativo, se secuestraron celulares, computadoras, cuadernos y papeles. Entre estos, un documento llamó la atención: contenía instrucciones específicas para evitar preguntas sobre empresas vinculadas a Calvete, como Indecom, Finfox, Profarma, Reposane y Bimax. En ese papel también figuraba el nombre de Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, y se indicaba que si alguien preguntaba por ellas, había que negar su presencia y no aceptar ningún pago.
Lo más llamativo es que en ese momento, Cordero Fabbri se presentó en la casa durante el allanamiento. Según fuentes consultadas, el funcionario preguntó qué ocurría y se retiró sin mayores incidentes.
El vínculo con Calvete y la condena pendiente ⚖️
Lo que no es casualidad, es que Calvete ya tenía una orden de detención desde mayo, tras una condena firme por facilitación de prostitución, que data de 2015. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, y en ese expediente, Cordero Fabbri actuó como abogado de Calvete. Sin embargo, en la causa por corrupción en ANDIS, el abogado del prófugo es otro: Juan Ignacio Pascual.
Este doble rol del funcionario, que en un momento defendió a Calvete en un caso de proxenetismo y ahora aparece vinculado a una causa de corrupción, fue expuesto por el diputado Rodolfo Tailhade. En su cuenta de redes sociales, el legislador denunció que Cordero Fabbri también figura en una lista llamada «Tuco», relacionada con la banda de Calvete. En esa lista, se detallan pagos a más de 60 personas y se habla de un círculo cercano al prófugo, llamado «Círculo Tuco».
¿Qué se investiga en la causa de ANDIS? 🔍
Calvete está acusado de ser un nexo entre la administración de Diego Spagnuolo en la ANDIS y las droguerías que, a cambio de sobornos, obtenían beneficios en la compra de medicamentos con sobreprecios. En las investigaciones se encontraron mensajes en los que Calvete daba órdenes a funcionarios del organismo para emitir pagos ilegales. Además, se sabe que pagó cinco millones de pesos a Spagnuolo para un viaje a Israel, que finalmente no realizó, y en su lugar, viajó otro funcionario del organismo.
En la vivienda de Calvete, las autoridades también hallaron una suma importante de dinero: 700 mil dólares y 20 millones de pesos. La investigación también involucra a su hija, Ornella Calvete, y a su pareja, Javier Cardini, ambos exfuncionarios del Ministerio de Economía. Una de las revelaciones más impactantes es que, tras conocerse sus nombres en el expediente, ambos fueron echados de sus cargos.
¿Qué sigue ahora? ⚠️
La aparición de un funcionario de la Oficina Anticorrupción en medio de una causa por corrupción y un prófugo condenado por proxenetismo genera un clima de tensión y desconfianza en un momento donde se busca fortalecer la lucha contra la corrupción. La investigación continúa en marcha, y las autoridades judiciales aún buscan esclarecer si hay más conexiones o irregularidades relacionadas con Cordero Fabbri y su entorno.
Lo que está claro es que la transparencia y la honestidad en cargos públicos siguen siendo cuestiones pendientes, y que estos casos ponen en duda la credibilidad de quienes deben velar por la justicia y el buen manejo de los recursos públicos.
