¿Qué pasó con la familia Mazzacane?
En un golpe duro para el mundo del automovilismo, la Justicia Federal de La Plata procesó y embargó a Hugo y Gastón Mazzacane, los grandes nombres detrás de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC). ¿El motivo? Están acusados de una de las estafas más grandes en la historia reciente del país, que involucra cerca de 4 mil millones de pesos en unos pocos años.
El escándalo detrás del volante 🚥
Lo que empezó como una investigación por evasión de impuestos terminó revelando un entramado complejo que involucra varias empresas, maniobras para ocultar dinero y traspasos de propiedades para evitar pagar tributos. La causa la lleva adelante la fiscal federal Laura Roteta, quien descubrió cómo las maniobras habrían estado en marcha desde 2014 hasta 2024.
El corazón del problema está en una distribuidora de cerveza en La Plata, propiedad de la familia Mazzacane, llamada Quilmes Tolosa S.A. Pero no solo se trata de una firma cervecera: la investigación mostró que esta y otras sociedades estaban conectadas en un circuito para evadir impuestos, ocultar ventas y transferir bienes a través de empresas interpuestas.
¿Qué descubrieron?
Después de varios allanamientos y análisis, la Justicia secuestró documentos, dinero en efectivo, vehículos y propiedades. La acusación sostiene que los Mazzacane y sus socios perjudicaron al Estado por casi 4 mil millones de pesos, principalmente mediante maniobras que buscaban hacer que sus empresas parecieran menos rentables o en problemas para no pagar impuestos.
Se detectó que trasladaban bienes a otras sociedades vinculadas, desviaban dinero, usaban sistemas de contabilidad paralela y continuaban con la actividad comercial mediante estructuras societarias armadas a propósito. Además, se evidenció que varias operaciones no estaban registradas y que se utilizaban empresas intermedias para reducir su carga tributaria y dificultar que el Estado pudiera controlar cuánto estaban ganando realmente.
¿Y qué hay de la historia con el automovilismo?
Este no es el primer problema para la familia Mazzacane. Hugo, el presidente de la ACTC, ya había estado en la mira de la justicia en 2018, en una causa relacionada con facturas falsas usadas por escuderías del Turismo Carretera. También se realizaron allanamientos en el autódromo Roberto Mouras y se vinculó a Hugo con una banda dedicada a evadir impuestos y lavar dinero.
Por su parte, Gastón Mazzacane, que también figura en la grilla de corredores, fue denunciado por abuso sexual por su expareja, quien afirmó que fue sometida a relaciones no consentidas durante cinco años. A pesar de estos antecedentes, ambos siguen siendo figuras prominentes en el mundo del automovilismo, donde participan en carreras desde hace más de una década y han logrado varios podios y victorias.
¿Qué sigue?
La Justicia ordenó el embargo de más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias. La investigación continúa y la familia Mazzacane enfrenta cargos que podrían tener repercusiones duraderas en sus carreras y en el deporte en general.
Este caso pone en el centro de atención cómo un entramado de empresas puede ser utilizado para evadir impuestos y cómo eso afecta a todos, desde los contribuyentes hasta los deportistas y las instituciones. La historia todavía no termina y todos esperan que la justicia haga su trabajo para esclarecer los hechos y promover mayor transparencia en el deporte y en la economía del país.
