¿Qué hay detrás del Proyecto de Presupuesto 2027?

Este martes, el gobierno argentino presentó en el Congreso su plan para el próximo año, llamado Presupuesto 2027. Entre varias medidas, destaca una propuesta para incentivar la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales, pero con un giro que genera dudas: los beneficios fiscales solo se activan si las provincias también hacen su parte.

¿De qué se trata el nuevo régimen para las obras viales? 🚗💸

El proyecto propone un esquema en el que las empresas concesionarias de obras en rutas podrán amortizar sus inversiones de manera acelerada. Esto significa que podrán deducir los gastos en menos tiempo, lo que reduce la carga tributaria y hace que invertir en obras viales sea más barato y rápido. Además, podrán recuperar parte de los impuestos que pagaron en el proceso, como el IVA, y usar un mecanismo de reintegro o crédito fiscal.

¿Y qué pasa con los impuestos nacionales? Según el plan, los titulares de contratos de concesión podrán usar el dinero que ingresen por impuestos en sus cuentas bancarias —como el Impuesto a los Créditos y Débitos— para pagar otros impuestos, como Ganancias o IVA, en un orden específico. Esto también favorece a las empresas, ya que les permite reducir sus gastos fiscales y hacer sus inversiones con menos costo.

¿Y las provincias? La clave de la trampa 🤔

Pero acá viene la parte que preocupa. El proyecto establece que los beneficios fiscales nacionales solo se activan si las provincias también hacen lo suyo. Es decir, si un gobernador no decide eliminar impuestos como el Impuesto a los Ingresos Brutos o el Impuesto de Sellos, la exención no tendrá efecto. En otras palabras, las provincias deben sumarse para que las empresas puedan aprovechar estos beneficios.

Este requisito genera un problema: muchas provincias están enojadas porque creen que la Nación no cumple con sus obligaciones de fondos para mantener las rutas. La denuncia más fuerte la hizo Guillermo Michel, diputado peronista, quien acusó que el Gobierno no está ejecutando obras de mantenimiento en las rutas nacionales, a pesar de que cobran un impuesto especial a los combustibles, que sería para ese fin.

¿Qué pasa en las provincias? 🚧🚦

En lugares como Entre Ríos, las quejas por caminos en mal estado son cada vez más fuertes. El diputado Michel denunció que allí la provincia dejó de recibir unos 45 mil millones de pesos destinados a arreglar calles y caminos dañados. La situación afecta tanto la movilidad como la seguridad, y evidencia que hay un problema en la distribución de recursos.

En Santa Fe, otro ejemplo de la problemática, las autoridades decidieron poner carteles rojos en las rutas nacionales para dejar en claro que no se hacen cargo del mal estado de las calles. Sin embargo, firmaron un acuerdo con la Nación para que les transfieran la gestión de la Ruta 12, en un intento de solucionar la situación.

¿Qué busca realmente el gobierno con estos cambios? 🤔

El objetivo del gobierno es impulsar la inversión privada en obras viales, facilitando que las empresas puedan deducir gastos y pagar menos impuestos. La idea es que esto genere más obras y que los caminos mejoren, pero la condición de que las provincias también adhieran a la ley y eliminen ciertos impuestos puede complicar las cosas.

Al fin y al cabo, si las provincias no participan, las empresas no podrán aprovechar todos los beneficios fiscales. Esto genera una especie de trampa: para que las inversiones en rutas sean más fáciles y baratas, las provincias deben colaborar, pero muchas están enojadas por la falta de fondos y por la situación de sus caminos.

¿Qué sigue? 🛣️

El debate está abierto. Por un lado, se busca incentivar la inversión privada y mejorar las rutas, pero por otro, hay dudas sobre si el plan será efectivo sin un compromiso real de las provincias. La discusión sobre quién debe pagar y quién debe hacer las obras sigue en marcha, y la situación del estado de las rutas en el interior del país refleja que todavía hay mucho por hacer.

Lo que está claro es que, para mejorar las calles y caminos, tanto el Gobierno nacional como las provincias tienen que trabajar juntos, y los beneficios fiscales pueden ser una herramienta, siempre y cuando todos colaboren.