Una investigación que busca respuestas
Desde hace casi tres años, la figura de Julio “Chocolate” Rigau está en el centro de un escándalo que sacudió la política bonaerense. Este empleado de la Legislatura fue detenido en 2020 cuando lo encontraron en plena acción, extrayendo dinero en los cajeros del Banco Provincia con más de 2 millones de pesos en su poder. Pero, ¿qué hay detrás de toda esa plata y qué secretos se esconden en los pasillos del poder?
¿Qué se investiga exactamente?
La causa apunta a un esquema de fraude y desvío de fondos públicos. Rigau, junto a otros exfuncionarios, estarían involucrados en un sistema en el que supuestos empleados llamados “ñoquis” (que en realidad no trabajaban y dejaban sus sueldos en manos de Rigau) recibían pagos por trabajos que no realizaban. La fiscal Betina Lacki lleva adelante la investigación y busca esclarecer quiénes fueron los responsables de contratar a estos empleados y quiénes firmaron sus designaciones.
¿Y qué pasó con esa información?
La fiscal solicitó en varias oportunidades que la Legislatura le entregue los documentos que prueban quiénes firmaron los nombramientos y quiénes estaban detrás de esas designaciones. Sin embargo, la respuesta fue que esos papeles estaban incluidos en un proyecto de resolución que más tarde fue archivado. Es decir, la Cámara de Diputados evitó entregar esa información clave, lo que generó suspicacias y sospechas de intento de ocultamiento.
¿Cómo fue el trámite en la Cámara?
Todo ocurrió en una sesión que pasó casi desapercibida, en mayo pasado. En esa reunión exprés, un proyecto presentado por un diputado oficialista, Facundo Tignanelli, fue aprobado en menos de un minuto y sin debate. La resolución buscaba ratificar unas 8.000 actas y resoluciones administrativas, entre ellas las del caso Rigau. La rapidez y la falta de discusión del trámite hicieron que muchos sospecharan que se quería esconder algo.
¿Qué papel jugaron los políticos?
El diputado Tignanelli, que además es cercano a Máximo Kirchner, fue el autor del proyecto. La votación fue rápida y contó con la participación de representantes de varias fuerzas políticas, salvo una: Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, quien se quedó fuera del acuerdo. La unanimidad en ese trámite sugiere que la decisión fue tomada sin debates profundos, aumentando las dudas sobre la transparencia del proceso.
¿Qué pasa ahora?
La fiscal Lacki todavía busca obtener los documentos necesarios para determinar quiénes fueron los responsables de los nombramientos y las maniobras que se llevaron a cabo. Sin embargo, la resistencia de la Legislatura a entregar esa información hace que la tarea sea mucho más difícil. Desde el ámbito judicial, se señala que todo parece indicar que hay un intento de ocultar la verdad.
¿Cuánto dinero estaría en juego?
Las estimaciones hablan de un desfalco cercano a los 2.800 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del esquema de fraude. Además de Rigau, otros exfuncionarios, como Claudio y Facundo Albini, también están detenidos. Ambos han solicitado varias veces su libertad, pero las solicitudes siguen sin ser aceptadas en las distintas instancias judiciales.
¿Qué significa esto para la política?
Este caso revela cómo un sistema que debería fiscalizar y controlar los fondos públicos puede ser manipulado por quienes tienen poder. La falta de transparencia y la aparente intención de esconder información generan preocupación sobre qué tan lejos puede llegar la corrupción en la política bonaerense.
Mientras la justicia intenta seguir el rastro de este entramado, la pregunta que queda en el aire es quiénes más estaban involucrados y qué otros secretos pueden estar escondidos en los pasillos del poder. La lucha por la transparencia continúa, y la esperanza de que se esclarezca toda la verdad aún está viva.
