Un récord que ahora está en jaque

Miguel «Minino» Negro es toda una figura en Santa Catalina, Córdoba. Durante más de cuatro décadas, fue el jefe comunal del pueblo, en realidad conocido como Holmberg, en el gran Río Cuarto. ¿Lo más sorprendente? no cobró sueldo en los últimos años porque ya estaba jubilado. Pero ahora, a los 76 años, su historia da un giro inesperado: enfrenta un juicio por su presunta participación en una toma de tierras que ocurrió en su propio municipio.

¿Quién es Miguel «Minino» Negro?

Negro empezó su carrera política en 1983, cuando ganó las elecciones por apenas 82 votos. Desde ese momento, logró ser reelecto nueve veces consecutivas, convirtiéndose en el intendente con más mandatos en Argentina. Sin embargo, en 2016, la Legislatura de Córdoba modificó la ley electoral provincial, limitando a solo una reelección a los intendentes, concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. Esto significaba que, tras esa última reelección, Negro tendría que dejar su cargo en diciembre de 2023.

Para ese momento, él ya no cobraba sueldo, pues estaba retirado, pero aún mantenía una fuerte influencia en su pueblo y en la política local. En 2022, con 76 años, expresó su deseo de obtener una décima reelección. Aunque parecía que podía lograrlo, la ley no se lo permitió y, en su lugar, apoyó a su sucesor, Ignacio «Cotorra» Alaniz, quien también ahora está involucrado en el escándalo judicial.

La polémica toma de tierras

Todo estalló en plena campaña electoral, cuando en enero de 2023, más de 50 personas ocuparon terrenos cerca de las vías del ferrocarril en Holmberg. La situación fue rápida y tumultuosa: vecinos alertaron a la justicia, y tanto la fiscalía como el propio intendente presentaron denuncias.

El fiscal Rodolfo Cabanillas acusó a Negro y a Alaniz de haber organizado la toma en un intento de captar votos. La hipótesis es que ambos, en plena campaña, habrían planeado que las personas ocupen los terrenos del Estado, prometiendo servicios básicos como electricidad para que construyan viviendas precarias. Todo esto, según la fiscalía, con fines políticos, para favorecer la imagen del intendente y su sucesor.

¿Qué dicen las pruebas?

Las investigaciones indican que el propio Negro habría gestionado la conexión eléctrica para los ocupantes. Se documentó que envió un pedido a la empresa de electricidad local, adjuntando el DNI de uno de los ocupantes y señalando que era el propietario de las viviendas en los terrenos usurpados. Además, se encontraron camiones con la señalética del municipio trasladando escombros al lugar, lo que refuerza la versión de una acción coordinada.

El fiscal también cuenta con testimonios y llamadas donde se menciona a Alaniz como el principal instigador. Incluso hay un video donde se puede ver a Alaniz recibiendo a los ocupantes y prometiéndoles servicios públicos tras las elecciones, algo que, según la fiscalía, fue una clara promesa electoral incumplida.

¿Qué pasa ahora?

Negro y Alaniz enfrentan una posible condena de hasta tres años de cárcel por la acusación de usurpación y asociación ilícita. El juicio en su fase de proceso abreviado comenzará este jueves en el juzgado federal de Bell Ville. Por ahora, el ex intendente prefiere no hacer declaraciones públicas hasta que concluya el proceso judicial.

La historia de un intendente que gobernó durante tantos años y ahora se ve envuelto en un escándalo judicial refleja cómo la política y los hechos pueden cruzarse en formas que nadie esperaba. La justicia tendrá la última palabra, pero lo cierto es que esta historia todavía no termina.