¿Qué busca el Gobierno con estas nuevas propuestas?

El Ejecutivo argentino está intentando volver a poner en marcha su agenda parlamentaria con varias leyes que buscan facilitar la inversión y reducir los obstáculos para la propiedad privada. Entre las iniciativas más importantes están una versión renovada de la Ley Hojarasca y un proyecto para fortalecer la protección de las tierras rurales, con cambios que afectan desde expropiaciones hasta desalojos y compra de tierras por extranjeros.

¿Qué es la Ley Hojarasca y por qué vuelve?

La Ley Hojarasca original, enviada en 2024, buscaba eliminar más de 70 leyes y normativas consideradas obsoletas, pero nunca fue tratada en el Congreso y perdió estado parlamentario. Ahora, el Gobierno la reenvía para que sea debatida en Diputados, con la esperanza de que pueda avanzar en la agenda legislativa.

¿De qué trata la nueva Ley de Propiedad?

Este proyecto, llamado oficialmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tiene 53 artículos que proponen cambios en varias leyes relacionadas con la tierra, los desalojos, las expropiaciones y la protección del dominio nacional sobre tierras rurales. Además, contempla modificaciones en el código procesal civil y comercial, en la ley de regularización dominial y en leyes relacionadas con el manejo de incendios en zonas rurales.

¿Qué buscan con estos cambios?

El Gobierno asegura que las leyes actuales tienen fallas, limitan la inversión y aumentan los costos para quienes quieren comprar, vender o expropiar tierras. La idea es simplificar y acelerar procesos, reducir costos y promover un ambiente más favorable para la inversión productiva y la creación de empleo.

Desalojos y expropiaciones: más rápidos y seguros 🔥📜

Uno de los puntos clave tiene que ver con los desalojos. La propuesta busca que estos procesos sean más ágiles, con procedimientos más sencillos y con el juez teniendo más poderes para identificar a los ocupantes y hacer cumplir las decisiones. Por ejemplo, en casos de intrusos, el desalojo podría resolverse en solo cinco días.

Además, si un desalojo se basa en la falta de pago de alquiler, el propietario podrá pedir la restitución rápida del inmueble, con una caución juratoria. Pero si después se descubre que el inquilino había pagado y el dueño ocultó esa información, se le impondrá una multa que puede llegar a ser diez veces el valor del alquiler.

¿Qué pasa con las expropiaciones?

El proyecto establece que las expropiaciones solo podrán hacerse cuando la declaración de utilidad pública sea estrictamente necesaria y proporcional. También se busca que el valor de la tierra se calcule en base a la cotización justo antes de cualquier acto estatal, con mecanismos que ajusten ese monto según la inflación y el mercado, para que el propietario reciba una indemnización justa y proporcional.

¿Y las tierras de extranjeros? ¡Menos restricciones! 🌎

Actualmente, la ley de 2011 pone límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, especialmente en zonas de frontera. Sin embargo, el Gobierno propone suavizar esas restricciones y permitir que empresas o privados ligados a Estados extranjeros puedan adquirir tierras, siempre que no representen un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional. Para ello, se establecerá un procedimiento de autorización que deberá ser aprobado por el Estado.

¿Qué pasa con el manejo del fuego y la regularización territorial? 🔥🏡

En la ley de manejo al fuego, el proyecto elimina una restricción que prohibía realizar ciertos emprendimientos inmobiliarios en zonas afectadas por incendios durante 30 años. Además, descentraliza el control del Registro Nacional de Regularización de la Propiedad de Barrios Populares (RENABAP), permitiendo que provincias y municipios gestionen la regularización de viviendas en estos barrios, donde solo un pequeño porcentaje tiene título de propiedad.

¿Por qué todo esto importa?

El Gobierno afirma que estos cambios buscan crear un marco legal más claro, eficiente y amigable para quienes quieren invertir, comprar o vender tierras en Argentina. La intención es facilitar el acceso a la propiedad, reducir los costos y promover el desarrollo económico en zonas rurales y urbanas.

Por ahora, estos proyectos están en proceso de debate en el Congreso y todavía falta definir cómo serán aprobados y qué modificaciones podrán tener. Lo que sí está claro es que el Gobierno quiere dar un nuevo impulso a su agenda de reformas, en un momento en que la inversión y el crecimiento económico son temas clave para el país.