¿Qué está pasando con la ley de Discapacidad y las pensiones?

En medio de una pelea política que parece no tener fin, el Gobierno decidió volver a presentar un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar algunos puntos clave de la normativa sobre discapacidad. La intención oficial es fortalecer los controles y evitar fraudes en las pensiones por invalidez, pero la movida no estuvo exenta de polémica.

¿De qué trata este nuevo proyecto?

Este nuevo plan, que llegó al Congreso después de que el presidente Javier Milei vetara la ley, tiene como objetivo principal reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La iniciativa surge a partir de un informe que mostró un aumento enorme en la cantidad de beneficiarios en los últimos 20 años: pasaron de 76.000 en 2003 a aproximadamente 1,2 millones en 2023. Frente a estos números, el Gobierno quiere poner en marcha auditorías periódicas para verificar que los requisitos de los beneficiarios se cumplan correctamente.

¿Qué cambios proponen?

  • Auditorías y control: Se implementarán revisiones regulares cruzando información de distintos organismos públicos como la ANSES y el Ministerio de Salud para detectar posibles irregularidades. Si alguien incumple con los requisitos, podrá ser suspendido preventivamente de la pensión.
  • Reempadronamiento obligatorio: Todos los titulares de pensiones deberán actualizar su información en un plazo de 90 días, con una posible prórroga de 30 días. La idea es que las personas puedan hacerlo de forma presencial, remota o híbrida, según sus necesidades y condiciones de accesibilidad. Quienes no cumplan, perderán automáticamente la pensión hasta que regularicen su situación.
  • Fin del financiamiento de programas específicos: El proyecto busca eliminar los fondos destinados a programas de inclusión y reconocimiento laboral para las personas con discapacidad, que estaban a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta agencia dejó de existir tras un escándalo por supuestos pagos de coimas y otros problemas internos.
  • Reducción de beneficios: La pensión, que actualmente equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, seguirá siendo así, pero se eliminan las posibilidades de aumentarla por zona geográfica o invalidez laboral. Además, la ley ahora establece que no se podrá seguir cobrando la pensión si la persona consigue un trabajo, aunque sus ingresos sean bajos.
  • Incompatibilidad con el trabajo: La idea es que las personas con pensión no puedan tener un vínculo laboral formal si quieren seguir recibiendo el beneficio. Esto genera debates, ya que algunos considerarán que limita las oportunidades laborales para quienes necesitan ayuda.
  • Recursos y financiamiento: El proyecto también define claramente cómo se financiará la atención médica y las pensiones, asignando partidas específicas al Ministerio de Salud y buscando que el Estado aporte desde el presupuesto. Además, se deja en claro que, aunque la atención será universal, no todos los distritos podrán ofrecer los mismos aranceles ni modalidades, pero sí garantizar un nivel mínimo de calidad.
  • Convenios con las provincias: La iniciativa abre la puerta a que las provincias y la Ciudad puedan organizar sus propios programas de discapacidad, siempre y cuando cuenten con el financiamiento adecuado.

¿Qué sigue en el Congreso?

Por ahora, el proyecto está en discusión. Organizaciones sociales y algunos sectores de la oposición ya expresaron su preocupación, sobre todo por la obligatoriedad del reempadronamiento y la posible suspensión automática de pensiones. La polémica sigue abierta y será cuestión de tiempo para ver si estas propuestas avanzan o se modifican en el proceso legislativo.

¿Y qué pasa con la salud mental?

Además de este proyecto, el Gobierno también envió otra iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental. La idea es ampliar las medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, buscando fortalecer el sistema y ofrecer más recursos a las personas que enfrentan problemas de salud mental.

¿Por qué importa todo esto?

Estas reformas muestran cómo el Estado intenta ajustar sus políticas para hacerlas más eficientes y evitar abusos, pero también generan debates sobre derechos, oportunidades y el impacto en las personas con discapacidad. La discusión sigue abierta y será interesante ver cómo evoluciona en las próximas semanas.