¡Buenas noticias para las universidades públicas! 🏛️
Este jueves, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Gobierno debe cumplir con la ley de Financiamiento Universitario y pagar inmediatamente los salarios de docentes y no docentes en las más de 60 universidades públicas del país.
¿Por qué esto es importante? Porque la ley establece que el Estado debe garantizar fondos para salarios y becas, pero desde diciembre pasado, el Gobierno de Javier Milei venía retrasando ese pago, generando mucha tensión en el sector universitario.
¿Qué pasó exactamente? ⚖️
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explicó que ya no hay más instancias judiciales pendientes. La Corte rechazó un recurso extraordinario del Gobierno, por lo que ahora la obligación de pagar es clara y directa.
Manili fue tajante: «Se debe actualizar de inmediato los haberes según lo que manda la ley. Desde diciembre, el Gobierno viene pateando, pero ahora tiene que pagar y punto». Además, descartó que exista alguna vuelta atrás por un acuerdo salarial paralelo firmado días atrás, ya que la ley tiene prioridad y debe cumplirse en su totalidad.
Lo que dicen las autoridades universitarias 📚
Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), su vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que, aunque se firmó un acuerdo salarial del 23,3% hace diez días, este acuerdo no frena la obligación de pagar conforme lo dictaminado por la justicia. La demanda judicial ya tenía fallos favorables en primera instancia y en segunda, por lo que esa decisión cautelar ahora debe cumplirse.
Yacobitti también aclaró que la comunidad universitaria no aceptó retirar la demanda, a pesar del acuerdo reciente. La justicia ya había ordenado al Gobierno cumplir con los salarios y las becas, y esa orden sigue vigente.
¿Qué pasa con los sueldos y las becas? 💰🎓
Los expertos aseguran que, si el Gobierno cumple con la sentencia, los salarios de los docentes y no docentes deberán aumentar un 56% en junio respecto a mayo, incluyendo un impacto en los pagos del aguinaldo. Además, las becas estudiantiles también deben ser pagadas, con retroactividad a diciembre de 2023, considerando la inflación.
El juez Martín Cormick, que fue quien dictaminó la cautelar, debe ahora decidir si la suspensión del decreto del Gobierno que frenó la ley es constitucional o no. Sin embargo, se estima que la tendencia apunta a que la justicia respaldará a las universidades, pues ya ha fallado en su favor en varias instancias.
¿Qué implica esto para el Gobierno? 🚨
Si el Gobierno no cumple con la sentencia, podría enfrentarse a responsabilidades penales, políticas y patrimoniales. Se mencionan multas diarias que podrían afectar a los funcionarios y a sus patrimonios, en caso de incumplimiento.
En definitiva, la justicia dejó en claro que las universidades públicas tienen derechos y que deben ser respetados. Solo queda que el Ejecutivo actúe y cumpla con lo establecido por la ley y los tribunales.
¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo dirá si el Gobierno acatará la orden o buscará alguna otra estrategia legal. Pero, por ahora, la justicia fue clara: ¡hay que pagar!
