Un día de tensión en los puertos argentinos

Luego de un paro de prácticos que paralizó la actividad en los puertos de todo el país, el gobierno tomó una decisión clave para volver a poner en marcha la economía. El lunes, el sector de prácticos inició una medida de fuerza que dejó muchos barcos detenidos, afectando la salida de granos, combustibles y otros productos esenciales para Argentina.

Pero este martes cambió todo: el gobierno anunció que suspendía el decreto que desregulaba el sector y que había sido impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado. La medida buscaba, según el gobierno, abrir paso a nuevos actores en la actividad y reducir costos, ya que un estudio indicaba que el servicio de prácticos en Argentina era hasta cuatro veces más caro que en otros países.

¿Qué es un práctico y por qué importa?

Los prácticos son capitanes especializados en guiar a los barcos dentro y fuera de los puertos. Son esenciales para la seguridad y eficiencia en el ingreso y salida de las embarcaciones. En la zona de Buenos Aires y Dock Sud, por ejemplo, solo hay 24 prácticos, lo que muestra lo delicado que puede ser el sector.

Este servicio, obligatorio para barcos de pasajeros y transporte de carga, tiene un costo alto en Argentina. Un buque puede pagar entre 9.364 y más de 16.900 dólares por el servicio, dependiendo del puerto. Se estima que cada día de detención de un barco genera sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares, por demoras y gastos adicionales.

¿Qué llevó al paro y cómo se resolvió?

El paro empezó el lunes y rápidamente afectó la salida de miles de toneladas de soja, maíz, trigo y otros productos del principal polo exportador del país, en el Gran Rosario. La interrupción provocó que más de 45 barcos quedaran detenidos y que los costos de operación aumentaran considerablemente.

El conflicto surgió tras la implementación del decreto 690/2026, que buscaba abrir el sector a nuevos actores y reducir tarifas, que en Argentina son mucho más altas que en otros países. Esta medida generó rechazo en el sector de prácticos, que argumentaba que podía afectar la seguridad y la calidad del servicio.

¿Cómo se llegó a un acuerdo?

Luego de una reunión clave, el gobierno decidió dar marcha atrás con el decreto y formar una mesa de trabajo para negociar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tuvo un papel central en facilitar el diálogo, logrando que los prácticos retomen sus actividades y que los barcos vuelvan a navegar.

El presidente de la Cámara de Practicaje, John Ryan, resaltó la importancia del acuerdo y agradeció la intervención de la ministra, quien decidió convocar a todos para resolver la situación. Tras la reunión, más de 400 prácticos participaron en un Zoom y confirmaron que estaban retomando sus funciones, lo que permitirá que en las próximas horas los barcos comiencen a salir de los puertos.

¿Qué sigue para el sector?

El acuerdo incluye una reducción del 20% en las tarifas y el compromiso de que las tareas de asistencia en la navegación se mantengan. Además, se prevé que en los próximos días se disipen las tensiones y que la actividad portuaria vuelva a su ritmo normal.

Este conflicto puso en evidencia cómo los costos y las regulaciones pueden tener un impacto directo en la economía del país, especialmente en un sector tan importante como el agroexportador. La resolución del paro es un paso positivo para garantizar la fluidez de las exportaciones y evitar que una crisis en un nodo logístico clave tenga efectos en cadena en toda la economía.

¿Qué opinan los gremios y las cámaras?

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales resaltaron la gravedad de la situación, señalando que muchos barcos estaban detenidos y que los sobrecostos generaban pérdidas millonarias. La importancia del puerto de Rosario y del corredor San Lorenzo-Timbúes quedó claramente demostrada: cualquier interrupción afecta directamente las exportaciones nacionales.

Por su parte, la asociación de capitanes de buques aclaró que no promovieron ni convocaron a la medida de fuerza. En un comunicado, explicaron que su intención fue informar y analizar las nuevas regulaciones, pero que las decisiones sobre la continuidad del servicio son individuales y no vinculantes para toda la profesión.

¿Qué aprendimos de esta historia?

Este episodio muestra cómo un sector puede influir en toda la economía y cómo el diálogo y la negociación son fundamentales para resolver conflictos. La clave ahora es que las autoridades y los actores del sector continúen trabajando juntos para evitar que estas tensiones vuelvan a poner en riesgo la economía del país.