Privatizaciones: ¿un ingreso extra para el Gobierno?

Este año, el Gobierno logró recaudar más dinero de lo habitual gracias a la venta de empresas públicas. En total, las privatizaciones le aportaron más de un billón de pesos, exactamente $1.039 billones. ¿Para qué sirvió ese dinero? Para fortalecer las cuentas del Estado y mantener el superávit fiscal, incluso en momentos donde la recaudación de impuestos no fue la mejor.

¿Qué es el superávit y por qué importa?

El superávit fiscal significa que el Gobierno gastó menos de lo que ingresó en un período determinado. Entre enero y agosto, el superávit primario —que no incluye el pago de intereses— fue de unos $12,2 billones, que representan aproximadamente el 1,08% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, si excluimos los recursos extraordinarios por las privatizaciones, ese número baja a $11,2 billones, cerca del 0,98% del PBI.

¿Podemos seguir cumpliendo con las metas del FMI?

El objetivo del Gobierno era llegar a un superávit de $16,2 billones para 2026. Pero, con la caída en la recaudación y los efectos de las privatizaciones, parece difícil cumplir esa meta. De hecho, el informe indica que probablemente el FMI tenga que ajustar sus expectativas en la próxima revisión del acuerdo. La situación revela que, aunque hay avances, todavía hay incertidumbre sobre si se logrará llegar a ese número.

¿Qué pasa con el gasto público?

El gasto del Estado en lo que va del año también cambió. Entre enero y agosto, el gasto primario —que incluye salarios, transferencias y otros gastos corrientes— fue de $100,1 billones. Esto significa que, en términos reales, se redujo un 2,5% respecto al año pasado y un 30,2% en comparación con 2023. Pero no todo es igual; las prestaciones sociales ahora representan una parte mucho mayor del gasto, subiendo del 54,6% en 2023 al 67,2% en 2026. En cambio, los gastos destinados a obras y proyectos de inversión disminuyeron de un 8,6% a un 2,1% del total.

¿Es posible seguir ajustando sin afectar a los servicios?

Según la Fundación Libertad, la reducción del gasto ya tocó a las áreas que se podían recortar sin dañar servicios esenciales. Por ejemplo, los gastos de capital —que incluyen obras y proyectos de inversión— cayeron en un 83% en términos reales respecto de 2023. Los subsidios económicos, que ayudan a mantener bajos los precios en energía y transporte, también bajaron en un 57%. Sin embargo, algunos gastos no pueden reducirse fácilmente porque están indexados por ley, como jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que ahora representan la mayor parte del gasto.

¿Qué desafíos vienen en el futuro?

El informe advierte que, si bien las cuentas del Estado muestran cierta estabilidad, todavía hay desafíos importantes. Los subsidios energéticos, por ejemplo, volvieron a crecer en 2026, en un 14,4% en comparación con el año anterior, impulsados por los costos de energía. Además, la próxima etapa del plan requiere reformas estructurales profundas, como cambios en las jubilaciones, un esquema tarifario que reduzca los subsidios y un nuevo acuerdo con las provincias para mantener las finanzas públicas bajo control.

En resumen, las privatizaciones ayudaron a sostener las cuentas del Estado en un momento difícil, pero todavía hay mucho por hacer para asegurar un equilibrio fiscal a largo plazo. La clave será encontrar un equilibrio entre reducir gastos y mantener los servicios esenciales, sin que eso afecte el bienestar de la población.