Puertos cerrados y barcos detenidos: ¿Qué está pasando?

En Argentina, los principales puertos del país están en pausa. ¿La razón? Una nueva ley que desregula el servicio de practicaje y pilotaje, una parte fundamental para que los barcos puedan navegar con seguridad y sin problemas en los puertos. La medida fue impulsada por el Gobierno y desde que entró en vigor, la respuesta de los profesionales del sector fue un fuerte rechazo, que se tradujo en una paralización de actividades.

¿Qué significa esto en la práctica?

Más de 150 barcos están detenidos, esperando poder ingresar o salir de los puertos, según informan fuentes del sector agroindustrial. La razón principal: estos barcos necesitan la asistencia de los prácticos, los profesionales que guían a las embarcaciones en los puertos, para poder moverse con seguridad. Sin su ayuda, los barcos no pueden avanzar, y por eso están varados en diferentes puntos del país.

¿Qué dicen las empresas y las autoridades?

Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) explicaron que varias operaciones portuarias están paralizadas por la indisponibilidad de los prácticos, quienes decidieron no aceptar nuevos trabajos en rechazo a la norma. Esto genera un problema serio, especialmente en un país donde la distribución de combustibles y petróleo es clave para mantener en marcha muchas actividades. Los puertos afectados incluyen lugares estratégicos como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz. Desde Caleta Córdova en Chubut, también reportan dificultades para trasladar petróleo a las refinerías.

¿Por qué se generó este conflicto?

El problema comenzó justo cuando el Gobierno oficializó el Decreto 690/2026, que busca desregular el sector portuario y del practicaje. La medida fue impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. La intención del Gobierno es reducir costos y eliminar trámites considerados obsoletos, pero la reacción en el sector fue inmediata: los prácticos, que trabajan de forma independiente, decidieron no aceptar nuevas contrataciones, en señal de rechazo a la norma.

¿Qué cambios trae el decreto?

  • Permite contratar prácticos libremente, sin restricciones geográficas ni de cantidad.
  • Reemplaza el antiguo sistema, vigente desde 1991, con un registro abierto de profesionales habilitados.
  • Establece tarifas máximas y obliga a publicar precios para promover la competencia.
  • Facilita el traslado de los prácticos y elimina reglas que obligaban a cambiar de profesional durante un mismo recorrido.
  • Incluye mecanismos para mantener la actividad en situaciones excepcionales.

Todo esto, según el Gobierno, busca hacer más eficiente y competitiva la actividad portuaria. Sin embargo, la Armada y varias empresas del sector temen que estos cambios puedan poner en riesgo la seguridad y el control en los puertos.

¿Qué pasa ahora?

La Prefectura Naval Argentina empezó a enviar intimaciones a los prácticos para que retomen sus actividades de inmediato. La ley regula el servicio porque es considerado un servicio público, y su interrupción puede derivar en denuncias penales y sanciones administrativas. Pero, en realidad, no se trata de un paro tradicional, ya que los prácticos no están afiliados a un gremio ni dependen de una empresa; son profesionales independientes que decidieron no aceptar nuevos trabajos, dejando en pausa las operaciones.

¿Cuál es el panorama?

El conflicto todavía está en marcha y genera preocupación por las posibles consecuencias en el abastecimiento del país. La situación afecta especialmente la distribución de combustibles y petróleo, que pasa por puertos clave para toda Argentina. Desde las autoridades están trabajando para encontrar una solución y que las actividades en los puertos puedan reanudarse lo antes posible.

¿Qué se busca con esta medida?

El decreto busca, según el Gobierno, reducir los costos y hacer más competitivo el sector portuario, eliminando trámites y regulaciones que consideran obsoletos. Pero para muchos, los cambios son demasiado rápidos y peligrosos, y podrían afectar la seguridad en la navegación y la economía del país.

En medio de la polémica, todavía no hay una solución definitiva, y la tensión entre el sector público y los practicantes independientes sigue en aumento. Lo que está claro es que, por ahora, los barcos siguen varados y la logística del país, en pausa.