Un enfrentamiento que sacude el fútbol y la prensa

En Argentina, las tensiones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no solo se dan en las canchas. Hace unos meses, el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, decidió tomar una medida judicial contra un periodista, Pablo Gravellone, de TN y El Trece. La razón: los comentarios que Gravellone hizo en la red social X (antes Twitter), donde cuestionaba las investigaciones judiciales que apuntan a irregularidades en el organismo que rige el fútbol nacional.

¿Qué dijo Gravellone para que lo denuncien?

El periodista sostiene que sus publicaciones no buscaban hostigar ni amenazar, sino simplemente ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, Tapia no opinó lo mismo y presentó una denuncia por amenazas y hostigamiento digital. La denuncia fue formalizada hace dos meses y ahora, un juez de Pilar dictó una medida que le prohíbe a Gravellone tener contacto con Tapia, ya sea en persona o por medios virtuales, durante 90 días y en un radio de 500 metros.

¿Qué implica esta restricción?

La medida cautelar ordena que Gravellone no pueda interactuar con Tapia ni con su entorno, incluyendo capturar o reproducir imágenes relacionadas con él. La decisión busca evitar que el periodista tenga contacto directo o indirecto con el presidente de la AFA, en un intento de limitar lo que el organismo considera un hostigamiento. Desde la defensa de Tapia, su abogado, Gregorio Dalbón, afirmó que el periodismo no habilita a injuriar ni a inventar delitos, y que la restricción busca evitar calumnias y amenazas falsas.

¿Por qué ahora y qué dice la Justicia?

Este es el primer caso en el que Tapia acude a la Justicia contra Gravellone. Sin embargo, el periodista ya había recibido en el pasado cartas documento por parte de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, por calumnias e injurias, que no llegaron a avanzar en acciones judiciales concretas.

Las investigaciones judiciales en curso en relación con la AFA abordan temas muy graves, como apropiación indebida de recursos, lavado de dinero, evasión tributaria, y la compra y venta de dólares, además del origen de los fondos para una mansión en Pilar vinculada a Toviggino. Todo esto, en medio del silencio y las denuncias públicas de irregularidades.

¿Qué hay detrás de las denuncias y el hostigamiento?

La denuncia contra Gravellone se enmarca en una serie de acciones que, según algunos, buscan silenciar voces críticas sobre la gestión de Tapia y la AFA. Desde el año pasado, varios periodistas y conductores de programas han sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades del fútbol argentino.

Las herramientas utilizadas van desde amenazas de demandas millonarias y cartas documento, hasta audiencias de mediación y denuncias judiciales con el fin de restringir su libertad de informar. Entre los nombres afectados están periodistas como Mario Pergolini, María O’Donnell, Ricardo Roa, Joni Viale, Esteban «Pelado» Trebucq, y otros.

¿Qué dicen las entidades defensoras del periodismo?

Organizaciones como FOPEA, ADEPA y la Fundación LED expresaron su rechazo a estas prácticas. Consideran que la judicialización de temas de interés público es una forma de censura que limita la libertad de expresión. Sostienen que las acciones judiciales abusivas, conocidas como «SLAPPs», buscan intimidar a los periodistas, reducir su trabajo y evitar que investiguen temas que la ciudadanía tiene derecho a conocer.

Para estas entidades, el acceso a la información y la libertad de prensa son pilares fundamentales de una democracia. Cualquier intento de limitar estas libertades con amenazas o demandas desproporcionadas atenta contra los derechos de todos.

¿Qué puede pasar ahora?

Con la medida judicial en marcha, Gravellone tendrá que esperar 90 días sin tener contacto con Tapia. La situación genera preocupación por el impacto que estas acciones puedan tener en la libertad de prensa y en el derecho a la información pública.

Mientras tanto, la polémica sigue abierta. Los movimientos de la AFA, las investigaciones judiciales en curso y las respuestas de los medios todavía están en marcha, dejando en evidencia un conflicto que va más allá del fútbol y que involucra derechos fundamentales y la forma en que la justicia puede intervenir en casos de denuncias y críticas públicas.