Una trama de contrabando que sacude Salta

En un giro que pone en jaque la política local, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de Morillo, Atta Miguel Gerala. La justicia ahora lo declara responsable por su participación en una red que desmanteló y vendió vías del ferrocarril hacia Bolivia en 2024, en un caso que revela cómo el delito organizado puede infiltrarse en las estructuras de poder.

¿Qué pasó exactamente? 🕵️‍♂️

Todo empezó cuando, entre marzo y octubre de 2024, una banda dedicada al contrabando desarticuló sistemáticamente las vías del Ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano en el norte salteño. La organización, dirigida por el propio hijo del exintendente, José Miguel «Yopi» Gerala, cortaba los rieles en tramos cortos, de entre cuatro y seis metros, y los trasladaba en camionetas, muchas veces usando la camioneta del exfuncionario, para luego cruzar los rieles clandestinamente hacia Bolivia a través del río Bermejo en balsas de goma.

¿Cómo funcionaba esta banda? 🔧

El grupo operaba con complicidad policial y militar. Pagaban coimas a oficiales como Mauro Rodríguez, jefe del puesto policial de Pluma de Pato, y a un cabo de Gendarmería, Jorge Fernando Cabrera, para evitar controles en la Ruta 81 y en el puesto «28 de Julio». Cuando lograban cruzar la frontera, los rieles eran cargados en fincas privadas en Aguas Blancas, un pueblo limítrofe con Bolivia, desde donde los vendían en el mercado ilegal.

¿Qué evidencia hay? 📱

El trabajo de las fuerzas de seguridad fue clave. La investigación incluyó allanamientos y tareas encubiertas que lograron captar las maniobras en tiempo real. La prueba definitiva fue la interceptación de conversaciones telefónicas en las que Medina, condenado a 6 años, y otros integrantes hablaban sobre las operaciones. También se hallaron 15 rieles, generadores, amoladoras y la camioneta utilizada en la operación en la casa del exintendente.

¿Qué dice la justicia? ⚖️

El fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no solo revocó la decisión inicial del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta —que había absuelto al exintendente por falta de pruebas— sino que además lo declaró partícipe necesario en el delito de contrabando triplemente agravado y robo agravado. La condena ahora quedó en manos del tribunal salteño, que decidirá la pena correspondiente.

Los jueces que votaron a favor, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, sostuvieron que en estos casos no siempre hace falta ver al acusado en el lugar del delito. La influencia y el poder del exfuncionario, argumentaron, permiten que actúe a través de personas de confianza, facilitando o cubriendo las actividades ilícitas. En contraste, el juez Slokar consideró que las pruebas no eran suficientes para sostener la acusación.

¿Qué pasa con los demás involucrados? 🤝

El resto de los condenados incluye a otros cuatro integrantes de la banda, entre ellos policías y el propio hijo del exintendente. Además, en el operativo también fue condenado Medina, quien coordinaba las operaciones desde Orán, y otros dos policías que facilitaban los controles en los puestos fronterizos. Todos recibieron penas de prisión que varían entre los 2 y 6 años.

¿Por qué es importante este caso? 🌎

Más allá de la condena, la historia revela cómo el crimen organizado puede infiltrarse en las instituciones públicas y usar esa influencia para facilitar delitos que afectan la infraestructura del país. La venta ilegal de vías del ferrocarril, una pieza clave en la logística y transporte, tiene un impacto directo en la economía y la seguridad de la región.

¿Qué sigue ahora? 🔜

Con la revocación de la absolución, el exintendente y los otros involucrados enfrentan una nueva etapa en la Justicia. La próxima instancia será que los tribunales de Salta definan las penas, en un proceso que evidencia la lucha constante contra la corrupción y el crimen organizado en Argentina.