¿Qué pasa con AySA y por qué importa?
El Gobierno nacional acaba de dar un paso importante en su plan para vender la mayor parte de las acciones de AySA, la empresa que administra el agua y saneamiento en varias zonas de Argentina. La noticia fue oficializada este viernes con la publicación en el Boletín Oficial, donde se anuncia la apertura de una licitación pública tanto a nivel nacional como internacional. Esto significa que buscan un inversor privado que tome el control de la compañía, pero, ¿qué implica esto en realidad?
¿En qué consiste la venta?
La operación contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente posee el Estado en AySA. La buena noticia para los empleados es que el 10% restante seguirá en manos de ellos mediante un programa de propiedad participada. Es decir, los trabajadores podrán mantener una participación en la empresa incluso después de la privatización.
El proceso será llevado a cabo a través de una licitación llamada de «Etapa Múltiple», que será pública y tendrá en cuenta tanto a inversores nacionales como internacionales. La idea es que la empresa privada que gane la licitación sea un operador estratégico, con la experiencia y capacidad técnica para gestionar y mejorar el servicio.
¿Cómo será el proceso? 🔍
La convocatoria oficial será publicada en el Boletín Oficial y en plataformas internacionales como DGMARKET del Banco Mundial. Además, se difundirá en las páginas web del Ministerio de Economía y de AySA. Los interesados tendrán al menos 45 días para preparar sus ofertas, ya que ese es el plazo mínimo que se fijó desde la publicación hasta la fecha límite de presentación, que será el 27 de agosto.
Durante ese período, los potenciales inversores podrán hacer consultas sobre el pliego de condiciones hasta el 12 de agosto. Justo ese día, se realizará la apertura de las ofertas en un acto público digital, donde se seleccionará al mejor postor.
¿Por qué ahora? 🤔
Esta movida forma parte de una política de privatización que está respaldada por leyes específicas, como la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025. Estas normativas declararon a AySA como una empresa sujeta a privatización y buscan transformar el servicio de agua y saneamiento, no solo en manos públicas sino con una gestión más moderna y eficiente.
El objetivo del Gobierno también es atraer inversión para mejorar la infraestructura, ampliar las redes y asegurar que el servicio sea más sustentable. Sin embargo, esto reabre el debate sobre si el agua debe considerarse solo un servicio público o si puede convertirse en un negocio rentable para empresas privadas.
¿Qué sigue en el camino? 🚧
Después de que se elija al operador privado, lo que viene será definir el contrato que regulará toda la operación. Este documento será clave porque determinará cómo se gestionará el agua, qué inversiones se harán y cómo se ajustarán las tarifas. El esquema pensado combina un control mayoritario por parte de un privado y la posibilidad de que parte del capital cotice en bolsas y mercados del país.
También se crearán comisiones especializadas para evaluar las ofertas y se solicitará asistencia técnica a diferentes organismos del Estado para garantizar que el proceso sea transparente y eficiente.
¿Qué se discute en la calle?
La discusión sobre el agua en Argentina siempre fue un tema polémico. Algunos piensan que debe ser un servicio público, que el Estado debe garantizar que todos tengan acceso sin importar su situación económica. Otros, en cambio, creen que la gestión privada puede ofrecer mejoras y mayor eficiencia, siempre que exista una regulación adecuada.
Lo que está claro es que esta privatización busca cambiar la forma en que se administra el recurso, y que las decisiones que tomen ahora tendrán impacto en la vida de millones de personas.
¿Y qué más hay que saber? 🔮
Con el contrato ya en marcha, la atención se centra en dos temas clave: cómo será la tarifa que pagarán los usuarios y qué inversiones deberá hacer el nuevo operador para mejorar el servicio. Estos aspectos serán decisivos para entender si la privatización traerá beneficios reales o si genera más debates en torno a quién debe tener el control del agua en Argentina.
En definitiva, estamos ante un proceso que puede marcar un antes y un después en la gestión del agua en el país. Solo el tiempo dirá si la idea de privatizar será la mejor opción para garantizar un servicio de calidad para todos.
