¿Qué hay detrás de la privatización de Intercargo?
El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de venta de Intercargo, la empresa que se encarga de servicios en los aeropuertos más importantes del país, como Ezeiza y Aeroparque. Pero lo que llama la atención es el precio que fijaron para esta privatización: solo 45 millones de dólares. Lo curioso es que, según datos oficiales, la compañía tiene activos por más del doble, aproximadamente 93 millones de dólares. ¿Por qué se tasó tan bajo?
¿Qué activos tiene Intercargo?
Un informe exclusivo revela que, además del dinero en efectivo e inversiones por unos 38 millones de dólares, la empresa cuenta con otros activos: rampas, vehículos, computadoras y muebles en diferentes aeropuertos del país, en lugares como Córdoba, Rosario, Salta, Neuquén y Bariloche. Todo esto suma aproximadamente otros 38 millones de dólares en bienes fijos. En total, la compañía tendría activos por unos 93 millones de dólares, casi el doble del precio base fijado para su venta.
¿Por qué el Gobierno tasó tan barato?
Desde sectores especializados en privatizaciones, dicen que el valor que se puso en la venta está por debajo incluso del patrimonio real de la empresa. La estrategia, según algunos analistas, es subvaluar los activos basándose en el flujo de fondos y en el alto riesgo país, que hace que los bienes valgan menos. La idea sería vender rápido y sin preocuparse demasiado por el valor real de los activos, lo que genera dudas sobre si la privatización será beneficiosa o solo una forma de liquidar un activo sin obtener un buen precio.
¿Qué significa esto para los aeropuertos y los pasajeros?
Una de las principales preocupaciones es el impacto en los servicios. La desregulación del mercado, impulsada por el gobierno de Javier Milei, eliminó el monopolio de Intercargo en algunos aeropuertos. Ahora, unas 12 empresas compiten por prestar servicios, pero la firma estatal aún garantiza la mayoría de los servicios en los aeropuertos más grandes. Sin embargo, si las nuevas empresas consideran que no es rentable, podrían dejar de ofrecer sus servicios en algunos aeropuertos, poniendo en riesgo unos 1.500 puestos de trabajo.
El pliego de condiciones no garantiza la continuidad del servicio más allá de los primeros 180 días en ciertos casos, lo que genera incertidumbre. Los gremios advierten que esto podría afectar la operación en al menos 14 aeropuertos del país.
¿Qué dicen los expertos y las autoridades?
El proceso de tasación genera polémica. Un funcionario que está al tanto de las privatizaciones explicó que muchas de las tasaciones están al menos un 50% por debajo del valor real de los bienes. Además, criticaron que la evaluación de las empresas la realiza el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), controlado por funcionarios oficialistas, y que no participa el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que tiene personal especializado en valuaciones.
¿Y qué sigue ahora?
La fecha límite para presentar ofertas fue extendida hasta el 10 de junio, lo que da más tiempo a las empresas interesadas. Pero, por ahora, la principal inquietud es el impacto social y económico: si la privatización se hace a un precio tan bajo, ¿qué beneficios traerá para el país? Algunos consideran que el proceso puede dejar de lado el valor real de los activos y priorizar la rapidez en la venta, lo que genera dudas sobre si realmente será una buena decisión para el futuro de los aeropuertos y los trabajadores.
Mientras tanto, los pasajeros y los gremios esperan que las decisiones sean responsables y que no se ponga en riesgo la conectividad y el servicio en los aeropuertos del país.
