¿De qué se trata la movida del Gobierno porteño?
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de dar un paso importante que puede cambiar la forma en que se manejan algunos de sus medios públicos. La noticia es que dictaron una resolución para concesionar el Canal de la Ciudad y sus dos radios más conocidas: La Once Diez (AM 1110) y La 2X4 (FM 92.7).
¿Qué significa esto? Básicamente, el gobierno quiere que empresas privadas se encarguen de administrar estos medios, dejando de financiarlos con impuestos y pasando a un modelo donde la gestión y la inversión sean privadas. Según Jorge Macri, jefe de Gobierno, esta medida busca no gastar los recursos de los porteños en algo que las empresas privadas pueden hacer mejor y sin que eso signifique un costo para los vecinos. La idea es que el Estado se enfoque en sus prioridades reales.
¿Cómo será el proceso?
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece que la concesión será por cinco años, a partir del inicio de los servicios. Además, pone cifras: el canon mensual para el Canal de la Ciudad será de aproximadamente 10,7 millones de pesos, y para las radios, unos 1,2 millones. Estos montos se ajustarán semestralmente según la inflación y, en total, la concesión implicaría unos 645 millones de pesos para el canal y unos 73 millones para las radios en ese período.
Por ahora, los interesados podrán presentar ofertas tanto para las radios juntas como para el canal de televisión. Pero, para participar, las empresas deben acreditar experiencia en medios de comunicación y presentar planes claros de inversión que aseguren un buen servicio durante esos cinco años. La gestión operativa será responsabilidad del concesionario, aunque la titularidad del servicio seguirá en manos del Gobierno porteño.
¿Qué sigue ahora? 🚦
Después de esta publicación, el siguiente paso será abrir una licitación pública para que las empresas compitan por gestionar estos medios. Sin embargo, todavía hay dudas sobre si esta iniciativa podrá avanzar sin problemas. Varios sectores de la oposición y la justicia ya expresaron su rechazo o dudas sobre si la medida cumple con la Constitución de la Ciudad.
Los libertarios, por ejemplo, analizan la resolución y advierten que la Constitución de Buenos Aires establece que los medios públicos deben ser gestionados por un ente autárquico y que su gestión debe ser estatal. Desde ese sector, algunos alertan que este proceso podría ser considerado ilegal y que la justicia podría detenerlo.
Reacciones y oposiciones ⚖️
La oposición no se quedó callada. La legisladora kirchnerista Graciana Peñafort fue clara: afirmó que la medida va contra la Constitución de la Ciudad y que por eso, su bloque, Unión por la Patria, va a presentar un recurso ante la justicia para frenar la licitación. Lo mismo hicieron los dos legisladores del Frente de Izquierda, que además criticaron que esta medida puede afectar la independencia de los medios públicos.
Por otro lado, algunos bloques como Confianza y Desarrollo y UCR/Evolución estaban en espera de la resolución para definir si acompañarán o no la iniciativa. La legisladora radical Manuela Thourte, por ejemplo, criticó que si el objetivo era reducir gastos, hay otras áreas donde se puede recortar sin afectar la cultura, como el directorio de AUSA, que tiene muchos integrantes y puede ser un gasto innecesario.
¿Qué dice el oficialismo? 🗳️
Desde el bloque Vamos por Más, que agrupa a los aliados del PRO, la postura es que el proyecto cuenta con apoyo y que, dado que no se trata de una privatización total ni de una concesión mayor a cinco años, no requiere una ley específica de la Legislatura. Sin embargo, el tema genera debate y tensión, ya que algunos consideran que esta movida puede chocar con lo que dice la Constitución de la Ciudad.
¿Será el fin de los medios públicos tal como los conocemos?
Por ahora, todo parece estar en marcha, pero todavía hay muchas dudas sobre qué pasará en los próximos meses. La decisión final dependerá de cómo avancen las licitaciones y si la Justicia aprueba o frena el proceso. Lo que está claro es que, sea cual sea el resultado, esta medida pone en discusión la manera en que la ciudad quiere gestionar su cultura y medios de comunicación públicos.




